Dentro de un mes, aproximadamente, cientos de ‘desamparados’ en la capital santandereana se quedarían sin refugio ni alimentación, debido a la terminación de convenios entre la Alcaldía de Bucaramanga y fundaciones que atienden a poblaciones vulnerables.
La Personería de Bucaramanga emitió una alerta ante la posibilidad de que cientos de adultos mayores y habitantes de calle se queden sin la atención brindada por el Gobierno Local. Múltiples autoridades y dependencias del Municipio fueron citadas este jueves por el Ministerio Público, para discutir la situación y definir posibles soluciones.
Hablamos de 1.686 ciudadanos ‘desamparados’ que perderían este apoyo, a partir del próximo 18 de diciembre. Esta desatención que se alerta se podría extender hasta los primeros meses de 2024. ¿Qué pasará con esta población?
En muchos casos estos adultos mayores y habitantes de calle en proceso de recuperación ni siquiera cuentan con redes de apoyo. No tienen familia, tampoco alguien que quiera ‘brindarles una mano’.
Literalmente, están en riesgo de sufrir hambre y vivir en condiciones de indigencia, si no se toman acciones prontamente.
“El riesgo es inminente”
Entre las personas que resultarían perjudicadas por la terminación de estos convenios, se encuentran 1.416 adultos mayores caracterizados por el Municipio como ciudadanos que padecen “alta vulnerabilidad” y “extrema pobreza”.
Cientos de ellos viven en asilos y fundaciones de la ciudad, y su manutención se cubre por medio de los recursos recaudados a través de la ‘Estampilla Pro Adulto Mayor’, un tributo que deben pagar los contratistas que ejecutan obras y proyectos en el municipio.
Estas personas mayores también acuden a los centros vida que existen en la ciudad, para recibir un plato digno de almuerzo y comida.
El grupo de ‘desamparados’ lo complementan 270 exhabitantes de calle, varios de ellos pacientes con enfermedades mentales complejas, como esquizofrenia.
Luis Alfonso Aparicio Reyes, delegado para las Políticas Sociales y la Convivencia Ciudadana de la Personería de Bucaramanga, alertó que “están en riesgo inminente de que se suspendan sus procesos de recuperación y rehabilitación, a raíz de la terminación de estos convenios”.
Para este representante del Ministerio Público, es alarmante que cientos de exhabitantes de calle, consumidores de estupefacientes y personas con problemas mentales puedan volver a deambular en las vías de la capital santandereana.
“La Personería ve con inmensa preocupación que estos beneficiarios se vean abocados a abandonar estas instituciones, muchos de ellos tienen atención médica especializada
“Faltan recursos para los adultos”
De los 11 convenios que existen y que terminarán el próximo 17 de diciembre, siete se firmaron para la atención de adultos mayores en extrema pobreza.
En las fundaciones que atienden a la tercera edad vulnerable de Bucaramanga igualmente existe preocupación, ya que no se sabe cómo se procederá con estas cientos de personas que perderían el refugio y la alimentación.
“En Bucaramanga no existe un presupuesto fijo para la atención de esta población, los recursos que llegan es gracias a la estampilla. Hacemos un llamado al nuevo alcalde para que se comience a fijar un presupuesto cada año y se garantice la atención a los adultos mayores más pobres”, manifestó un representante de una de estas fundaciones.
¿Qué dice el Municipio?
Jorge Neira, secretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga, respondió que “primero que todo debe quedar en claro que, en años anteriores la atención se suspendía con el cambio de año. Fue el Gobierno de Juan Carlos Cárdenas el que garantizó vigencias futuras, para no interrumpir esta atención con el cambio de vigencia”.
Además del Secretario de Desarrollo Social, también fueron convocados por la Personería la Secretaria de Salud y Ambiente, y los coordinadores de los programas de Adulto Mayor y Habitantes de Calle.
“Durante los tres años anteriores gestionamos vigencias futuras. Este año no lo pudimos hacer, porque las normas en el sector público exigen que cuando se termina un gobierno no se pueden dejar obligaciones, como el caso de las vigencias futuras”, explicó Neira.
El funcionario aseguró que desde el año anterior se previno a las directivas de estas fundaciones, sobre la posible interrupción que se registraría en materia de contratación para finales de 2023.
“Se realizaron actividades preliminares necesarias, para que las fundaciones se prepararan y para que tanto la Defensoría del Pueblo como la Personería tuvieran en el radar esta situación. Vamos a dejar recomendaciones para que el gobierno entrante adelante los trámites para asegurar estos convenios, por tarde la segunda semana de enero próximo”, informó el Secretario de Desarrollo Social.
