El Tribunal Administrativo de Santander dejó en firme la sanción contra la alcaldesa de Girón, Yulia Rodríguez y el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas “por desacato al fallo en el medio de control de defensa de derechos e intereses colectivos” en el que se instaba a que los funcionarios adelantaran “los procesos de contratación y realización de las obras necesarias tendientes a la adecuación, reestructuración o construcción de las edificaciones necesarias que permitan el paso entre la Vereda el Carrizal y el Municipio de Bucaramanga, supliendo la labor que realizaba el Puente Nariño y el puente peatonal colgante”.
Asimismo se les exigía a Yulia Rodríguez y a Juan Carlos Cárdenas “que tomen medidas efectivas que impidan el tránsito de motocicletas y cargas pesadas por el puente peatonal con el fin de salvaguardar la estructura, así como la prohibición de transportar personas, especialmente niños, a través del río, buscando diversas soluciones como la habilitación real del camino alterno, hacer campañas de sensibilización para que la comunidad haga uso debido del puente peatonal y/o otras estrategias que permitan el traslado de la comunidad de un municipio a otro”.
Esta decisión judicial se ratificó luego de que en junio pasado se adelantara la demolición de la estructura de 9 metros de altura y 45 metros de longitud por la que se movilizaban a diario cerca de 5.000 personas de Bucaramanga y Girón.
En el falló se anotó que “si bien los municipios han adelantado algunas obras tendientes a la recuperación del paso para comunicar la Vereda el Carrizal jurisdicción del municipio de Girón con el municipio de Bucaramanga, estas han sido tardías y, el cumplimiento del fallo se ha dado de forma parcial, encontrándose que, actualmente la Vereda el Carrizal y el municipio de Bucaramanga, se comunica únicamente por el puente peatonal, generando graves perjuicios a la comunidad, sin que se haya adelantado ninguna acción para la rehabilitación del puente vehicular”.
La primera decisión se tomó el 23 de junio pasado y se ratificó el 3 de agosto de este año. Allí se les sancionaba con «multa a cargo de cada uno en el equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos».
Tras la demolición de la estructura, estudiantes y adultos mayores fueron los más perjudicados ante la imposibilidad de pasar de un lado al otro. Habitantes de la zona habilitaron una improvisada balsa en madera y canecas plásticas con la que algunos jóvenes arrastraban a las personas de un lado al otro.
Hace cerca de una semana, la misma comunidad diseñó e instaló un improvisado teleférico en el que se trasladan personas y mercancías entre los municipios. A la fecha no existe una comunicación definitiva en la que se les diga si allí se instalará un puente militar u otra estructura definitiva para beneficio de la comunidad.
