Ya sin fuero diplomático, la Fiscalía pasó los 4 procesos que adelantaba contra el exembajador en Venezuela al alto tribunal.
Pasada menos de una semana desde que Armando Benedetti dejó de ser embajador en Venezuela, este martes la Fiscalía devolvió a la Corte Suprema de Justicia los cuatro procesos que adelanta en su contra por diferentes delitos.
Las investigaciones vuelven a ser competencia de ese alto tribunal, pues el exsenador perdió su fuero diplomático y, si bien era un asunto que estaba cantado, que Benedetti vuelva a estar bajo la lupa de la Corte podría representar un duro revés para sus intereses.
Los 4 procesos están relacionados con enriquecimiento ilícito, interés indebido en celebración de contratos, delitos contra mecanismos de participación ciudadana y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.
Se trata de presuntos hechos que habría cometido en su condición de congresista. Que los procesos sean remitidos a ese alto tribunal no tendría nada inusual si no es porque, antes de pasar a la Fiscalía, la Corte había avanzado en ellos, a tal punto que el propio Benedetti alegó a finales de 2021 que estaba cantada una orden de captura en su contra. Sin embargo, todo quedó en veremos cuando en septiembre, debido a su fuero, las investigaciones pasaron a la Fiscalía.
Si bien el ente hasta ahora se encontraba valorando las pruebas y analizando el caso, su retorno a la Corte implica mayor celeridad. Pese a ello, en reiteradas ocasiones el exembajador reclamó por falta de imparcialidad y sesgo en los procesos.
Conocida la determinación, el exembajador le bajó la caña y defendió que ha respondido al tribunal en los últimos 20 años. ¿”Por qué creen que regresar a la Corte es sinónimo de algo?”, cuestionó.
A continuación, el dosier de delitos por el que deberá responder.
Enriquecimiento ilícito de servidor público
Pena: entre 9 y 15 años de cárcel
Uno de los procesos más avanzados contra Armando Benedetti está relacionado con un aparente incremento injustificado de sus ingresos en su calidad de congresista entre 2002 y 2020. Si bien el exembajador reportó en sus declaraciones de renta que sus recursos tenían como origen su actividad parlamentaria, y que esta era su única actividad económica, las cuentas no le cuadraron a la magistrada Cristina Lombana, que decidió llamarlo a indagatoria en 2021. Quizá uno de los casos más llamativos es la compra de una lujosa vivienda que, en plena pandemia, realizó Benedetti en el exclusivo sector de Prado Mar, en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico). Para justificarlo, el excongresista dijo que fue el megacontratista Euclides Torres quien le prestó $3.600 millones. “Tengo una relación fraternal con él”, explicó, señalando que aún no le había podido pagar el préstamo.
Esa declaración bastaría para archivar el proceso y si bien la propia Corte abrió una indagación aparte por este caso, fuentes le dijeron a este diario que esta línea investigativa quedó en pausa tras pasar a la competencia de la Fiscalía.
Interés indebido en celebración de contratos
Pena: entre 5 y 18 años de cárcel
Este caso, por el que el exembajador se enfrenta a la pena más alta de cárcel, está relacionado con el escándalo de corrupción en el extinto Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). En su momento, la Fiscalía reveló que, a cambio de coimas, varios congresistas habían hecho las veces de intermediarios y lobistas para favorecer a ciertos particulares en la adjudicación de contratos. El ente investigador llegó a decir que la entidad “fue utilizada para favores burocráticos”.
Por estos hechos, aceptaron su responsabilidad los excongresistas Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quienes eran compañeros de bancada en el Partido de la U de Benedetti.
Por este, y otros casos, el exembajador reclamó por falta de imparcialidad y sesgo en los procesos por parte de la magistrada Cristina Lombana.
“No estoy huyendo de la Corte Suprema. Yo lo único que les pido es que, quien me investigue, no me odie, ni me quiera tanto. Solamente que sea neutral”, dijo Benedetti en una entrevista a RCN en agosto de 2022, una vez se supo de su nombramiento como embajador.
Benedetti reclamó por “tortura”, “filtraciones oscuras” y “ultraje”. Lo anterior, luego de que en 2021 la Fiscalía ocupó, con fines de extinción de dominio, algunos bienes suyos y de su familia.
Delitos contra mecanismos de participación ciudadana
Pena: entre 4 y 9 años de cárcel
Hace poco más de un mes, la Corte Suprema anunció que le abrió una investigación a Benedetti por presunta compra de votos en su campaña para reelegirse en el Senado en 2018. El nombre del exembajador salió a relucir en medio del proceso contra el exsenador Eduardo Pulgar, condenado justamente por corrupción en La Guajira.
De acuerdo con el alto tribunal, “se constataron interacciones de las cuales se desprende que, al parecer, el exsenador Armando Alberto Benedetti Villaneda, habría incurrido en conductas atentatorias contra los mecanismos de participación ciudadana, al acudir a la compra de votos en el municipio de Maicao, La Guajira”.
Al devolverle el caso a la Corte, la Fiscalía explicó este martes que, además de compra de votos, se indaga por posibles actividades ilícitas como financiación de campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y hasta financiación de grupos paramilitares.
“A la luz de lo dicho por la Fiscalía, por estos hechos, Benedetti podría responder además por otros delitos, como peculado, fraude y hasta financiación del terrorismo”, explicó el abogado Juan Carlos Álvarez, profesor de Derecho Penal de la Universidad Eafit.
Financiación ilegal de campañas electorales
Pena: entre 4 y 8 años de cárcel
El último caso por el que deberá responder Benedetti está relacionado con sus explosivos audios con la exjefa de gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia. En ellos, el exembajador habló de sus gestiones durante la contienda que llevó a Petro a la Casa de Nariño en 2022 para conseguir recursos por $15.000 millones. El caso es competencia de la Corte Suprema pues durante esas presuntas gestiones Benedetti aún se desempeñaba como senador de la República. Por estos hechos, el exembajador deberá rendir declaración jurada el próximo jueves 3 de agosto. Aunque el proceso haya pasado a la Corte, el profesor Álvarez sostuvo que igualmente deberá cumplir con el requerimiento, pues el proceso hasta ahora arranca y está citado en calidad de testigo.
Según el jurista, en este caso se presenta una ruptura de la unidad procesal, pues el mismo hecho lo investiga la Corte para el caso de Benedetti y la Fiscalía para el caso de los demás sujetos que no tienen fuero.
“La Fiscalía ha aclarado que la investigación continúa en ese ente en contra de los particulares que hayan participado en el delito. Podrían ser para el caso aportantes y eventualmente el gerente de la campaña, Ricardo Roa (hoy presidente de Ecopetrol”, precisó Álvarez.
