Ante la Fiscalía General de la Nación fueron denunciados el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y el secretario de Infraestructura, Iván José Vargas, por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad material en documento público.
La denuncia fu interpuesta por el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño; los senadores Ariel Ávila y Fabián Díaz, además de los concejales Carlos Parra y Danovis Lozano, y el diputado Ferley Sierra.
«Nosotros, muy respetuosamente, nos dirigimos ante su despacho con el propósito de interponer denuncia contra el señor Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga; contra el señor Iván José Vargas, secretario de Infraestructura, y contra personas indeterminadas, por la comisión del presunto delito punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad material en documento público», dice la misiva enviada al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.
La acción de los políticos santandereanos se da por nueve procesos contractuales los cuales se habrían dado bajo contratación directa, sustentadas en la figura de urgencia manifiesta por declaratoria de calamidad pública.
«Interpusimos denuncia penal ante la Fiscalía contra el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y al secretario de infraestructura Iván José Rey, por presuntos actos de corrupción en contratación directa de obras de mitigación por más de 130mil millones de pesos», afirmó Avendaño en sus redes sociales.
Uno de los nueve contratos fue por un valor de $1.509.746.198 y tenía como objeto la construcción de obras de mitigación vial producto de la declaratoria de calamidad originada por la segunda temporada de lluvias de 2022, y el cual fue adjudicado a la Unión Temporal Mejoramiento Bucaramanga 2.
Un contrato más fue de interventoría a la construcción de obras de mitigación vial, por $116.337.240, y fue para el Consorcio Calamidad.
Uno de los contratos más polémico fue el de la canalización de cauces de las quebradas la Flora y la Iglesia y los intercambiadores de los dos afluentes, por un valor de $40.000 millones, y por el cual la Procuraduría General de la Nación abrió investigación por presuntas irregularidades.
«Como se puede observar por la cuantía de los anteriores procesos contractuales, por regla general se debería realizar un proceso de selección objetiva bajo licitación pública que garantice la pluralidad de oferentes, la transparencia, la imparcialidad y la calidad de las obras. Ahora bien, para evadir la selección objetiva en los siguientes procesos contractuales, el municipio de Bucaramanga representado legalmente por el alcalde Juan Carlos Cárdenas, a través de la Secretaría de Infraestructura liderada por el señor Iván José Vargas, justifica la contratación directa bajo la figura de urgencia manifiesta por declaratoria de utilidad pública. No obstante, lo anterior, en el presente caso no se cumplen los estándares de la excepcionalidad de dicha figura», afirman los líderes políticos en la denuncia.
