Luego de las cuatro audiencias públicas en las que el Salvatore Mancuso declaró sobre las alianzas entre los paramilitares y la fuerza pública y el estado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Procuraduría formuló varios cuestionamientos al respecto.
Según relató el ente de control, fueron varios temas en lo que le pidieron a Mancuso hacer varias ampliaciones sobre las órdenes de los paramilitares en masacres y asesinatos y sus acciones para caracterizar enemigos.
Dentro de los temas en los que pidió ampliación se encuentra el esclarecimiento del magnicidio del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 a la salida de la universidad Sergio Arboleda en Bogotá.
Expresó la Procuraduría a Mancuso que, debido su la cercanía con Carlos Castaño, contribuya con el esclarecimiento de este asesinato declarado de lesa humanidad y del que aún existe desinformación 28 años después.
También le pidió al exjefe paramilitar ampliación sobre la presencia de fosas comunes donde habrían sido inhumados cuerpos de víctimas del conflicto, en la frontera con Venezuela, y el uso por parte de las AUC del Canal del Dique, como “zona de depósito de cadáveres”.
Además del de Gómez Hurtado, la entidad le pidió mayores claridades sobre los múltiples asesinatos de periodistas independientes, durante aquella época, en el departamento de Córdoba y otros departamentos en la zona de acción del grupo armado ilegal.
Ante magistrados y representantes de las víctimas, el Ministerio Público le solicitó al aspirante a compareciente que entregara más detalles sobre algunas de las operaciones militares que nombró Mancuso en audiencia, como la operación Rastrillo, que involucraría las masacres de Macayepo y El Salado; la desmovilización de la guerrilla del EPL y el paso de combatientes a las AUC, y la posible conformación de un frente internacional de las AUC en la frontera o en Venezuela.
El representante de la Procuraduría le pidió a Mancuso que profundizara en los vínculos de empresarios y ganaderos con la ‘Casa Castaño’ y el paramilitarismo; si conoció o no a David Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, y si hubo algún tipo de fusión temporal o coyuntural con miembros de las FARC dentro de su actuar como autodefensas.
Asimismo, declarar mayor información sobre el modelo de “franquicias” o bloques paramilitares utilizados por las autodefensas, así como sobre la financiación con cultivos ilícitos y dineros de empresas privadas del país, con aportes voluntarios y forzados. Finalmente, durante sus intervenciones ante la JEP, el procurador delegado insistió en la necesidad de que el aspirante a compareciente aporte una verdad completa, genuina, desprovista de justificaciones o episodios que puedan resultar revictimizantes, pidiéndole a Mancuso visibilizar a quienes, “como servidores públicos, especialmente del DAS, hicieron parte de esa gran empresa del crimen, aquellos que contribuyeron con ustedes”. Así mismo que, de ser admitido por la JEP, entregue una propuesta que contemple la inclusión de la verdad y reparación a las víctimas de Justicia y Paz.
