En una decisión que busca salvaguardar la memoria histórica y brindar justicia a las víctimas del conflicto armado en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado este martes proteger por un año siete puntos de interés ubicados en zonas cercanas al aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, en el municipio colombiano de Cimitarra, ubicado en el noreste del país.
Estas medidas cautelares fueron dispuestas tras una exhaustiva audiencia pública de seguimiento a las medidas cautelares del Cementerio Municipal de Cimitarra, en la que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP escuchó a diversas entidades estatales y organizaciones de víctimas.
Según informó la JEP en un comunicado oficial, además de proteger el Cementerio Municipal de Cimitarra, se extendió la medida cautelar al cementerio rural de Santa Rosa del Carare, también en Cimitarra, así como al Cementerio Central de la misma localidad. Estas disposiciones tienen una vigencia de 12 meses.
Cimitarra, ubicada en el departamento de Santander, fue una de las zonas más afectadas por la violencia durante el prolongado conflicto armado en Colombia. La presencia de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional Eln, las Autodefensas Unidas de Colombia Auc y otras facciones armadas sembraron el terror en la región.
Entre los crímenes más atroces cometidos en Cimitarra se encuentra el secuestro y asesinato de 19 comerciantes en 1987, perpetrado por grupos paramilitares con la complicidad de miembros del Ejército colombiano. Este horrendo suceso, que conmocionó al país, fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señaló la responsabilidad del Estado colombiano en este acto de barbarie.
El trágico episodio del 6 de octubre de 1987 dejó un saldo de 17 comerciantes oriundos de ciudades como Cúcuta, Ocaña y Bucaramanga, entre otras, que fueron detenidos y ejecutados por miembros de grupos paramilitares en una zona rural de Cimitarra. Este crimen ha sido uno de los más emblemáticos en la larga lista de atrocidades cometidas durante el conflicto armado en Colombia.
Con estas medidas, la JEP busca garantizar la protección de sitios que podrían albergar restos de personas desaparecidas, permitiendo así avanzar en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias.
La memoria de quienes perdieron la vida en medio de la violencia no debe ser olvidada, y es responsabilidad del Estado colombiano y de la sociedad en su conjunto asegurar que estos crímenes no queden impunes. La JEP continúa desempeñando un papel crucial en el proceso de construcción de paz en Colombia, trabajando para garantizar que se haga justicia y se reconozca la dignidad de todas las víctimas del conflicto armado.
