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Supertransporte pidió un plan de acción para Metrolínea

En comunicación dirigida al ente gestor de Metrolínea, la Superintendencia de Transporte le pide a esa entidad un plan de acción ante el fracaso en las negociaciones con los acreedores. En documento conocido por Vanguardia, la Superintendencia resalta la responsabilidad de los municipios para garantizar que se mantenga el servicio.

Una comunicación por parte de la Superintendencia de Transporte abre una nueva puerta en la crisis que padece el Sistema Integrado Masivo de Transporte, Sitm, Metrolínea.

Este es el primer pronunciamiento conocido por parte de esa entidad en el que se le pide a Metrolínea elaborar y comunicar un plan detallado que permita garantizar la prestación del servicio a los usuarios.

En este caso, el documento de la Superintendencia, firmado por Luis Gabriel Serna, jefe de la oficina Asesora Jurídica de la Supertransporte, es la confirmación oficial del fracaso en las negociaciones entre el Ente Gestor y los acreedores de la deuda que sobrepasa los $300.000 millones, negociación que no llegó a buen término el pasado 9 de marzo, como señaló Vanguardia en su momento.

La Superintendencia le pide directamente a la gerente de Metrolínea, Yolima Espinel Blanco, un plan detallado con las “estrategias, herramientas, etapas y los recursos” que permitan garantizar el servicio de transporte a los ciudadanos que se movilizan en el sistema masivo ante el fracaso de ese intento de acuerdo.

En ese sentido, la Superintendencia enfatiza, en otra comunicación obtenida por Vanguardia, que se debe garantizar el préstamo del servicio y que este no se vea afectado o interrumpido ante la posible decisión de liquidación del Ente Gestor.

Lo anterior ante el fallido proceso de reestructuración que desde 2021 se adelantaba en la entidad y que finalizó sin éxito con el fracaso de la negociación con los acreedores.

En el oficio, conocido por Vanguardia, la Superintendencia señala que la decisión de liquidación no sería una cuestión de orden nacional, sino que pasaría por acuerdos municipales.

En ese sentido, señala el documento de la Superintendencia que “la decisión de liquidación, si por ella se opta en ejercicio de la autonomía territorial, necesariamente conlleva o exige que se proceda a la creación de una nueva entidad o al traslado de las competencias a una existente”.

Los problemas del sistema

En una serie de informes publicados a principios de este mes, Vanguardia documentó las diferentes problemáticas que tiene en crisis a Metrolínea entre los que se encuentra la falta de buses, el estado deficiente de parte de la flota que circula por la ciudad, así como las estaciones dañadas y aquellas que no han entrado en operación.

Sumado a esos inconvenientes, que a diario padecen los usuarios del sistema, se encuentra la deuda que asciende a $300.000 millones. Del total de esa cifra, $149.000 millones corresponden a la fallida construcción del portal de ‘Papi Quiero Piña’ en Floridablanca, que el ente gestor perdió en una disputa legal y que deberá desembolsar como compensación al contratista.

Otra de las millonarias obligaciones corresponde a la deuda con el concesionario Movilizamos, a quien Metrolínea le debe cerca de $111.000 millones.

Metrolínea responde

“Frente al plan de acción solicitado por la Superintendencia de Transporte, desde Metrolínea S.A. como ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea, se continuará con el trabajo técnico y operativo para garantizar la prestación del servicio a los usuarios del área metropolitana de Bucaramanga”, señalaron desde el Ente Gestor de Metrolínea.

Acto seguido, desde esa entidad agregaron que se requiere de apoyo financiero por parte de los diferentes municipios del área metropolitana.

“Es necesario contar con el apoyo financiero de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta; con el apoyo técnico del Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS); y se continuará con las mesas de trabajo con las autoridades involucradas en la garantía de la prestación de un servicio público esencial como el transporte público”, manifestaron desde el Ente Gestor.

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