En los últimos años los influenciadores han cogido gran fuerza en el entorno comercial de los negocios, incidiendo de una manera importante en los procesos de compra y toma de decisiones de sus seguidores. Esta creciente tendencia ha obligado al sistema jurídico colombiano a poner la lupa sobre cómo proteger al consumidor.
De hecho, uno de los casos más sonados por estos días fue justamente la investigación que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra cuatro famosos creadores de contenido por presunta publicidad engañosa.
Se trata de Yina Calderón, Yeferson Cossio, Luisa Castro y Mariam Obregón, quienes no habrían entregado a sus seguidores “información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable y precisa sobre los productos promocionados”.
Según la SIC, en caso de comprobarse la responsabilidad de los investigados podrían recibir multas cercanas a los $2.320 millones.
Pero estos no han sido los únicos influenciadores que han estado bajo el escrutinio de las autoridades. En 2021, la SIC interpuso la que a la fecha ha sido la única sanción por publicidad engañosa.
Todo comenzó en 2020, en pleno inicio de la pandemia y de los confinamientos en el país, cuando la modelo Elizabeth Loaiza fue investigada por unas pruebas rápidas para covid-19. En mayo de ese año la SIC le formuló cargos y 12 meses después llegó la sanción, que ascendió a $136 millones.
“Se demostró que Loaiza emitió una publicidad que pudo afectar el derecho que les asistía a los consumidores a ser protegidos contra la publicidad engañosa, toda vez que esta publicó en Instagram el producto “ProMed Covid 19 Rapid Test” aseverando que contaba con registro sanitario en Colombia y que su venta solo se realizaría a gobernaciones, alcaldías, hospitales y clínicas; sin embargo, se pudo comprobar que dichas afirmaciones no eran ciertas”, dijo la SIC en ese momento.
Pirámides
Las promociones de estructuras piramidales han sido otro dolor de cabeza de las autoridades colombianas. Es el caso de Omega Pro, Real Business y Daily Cop, que han sido demandados por estafa, pues no responden por los recursos que recibieron del público.
Y es que entre las cosas que tienen en común estas plataformas está la captación de capital y personas a través de influenciadores. En el caso de OmegaPro, grandes estrellas de la farándula invitaron a incautos a participar en esta, entre los que se encontraban el actor Andrés Sandoval, la modelo y actriz Kimberly Reyes, el Pibe Valderrama, Ronaldinho y Yeferson Cossio.
El escándalo en Colombia explotó cuando el 18 mayo de 2021 la Superintendencia Financiera les ordenó a ocho personas naturales suspender inmediatamente la promoción en el país, y en 2022 la autoridad les impuso multas por $30 y $40 millones por incumplir los llamados de atención.
Muchos de los que estuvieron relacionados con OmegaPro han tratado de salir en limpio. Otras personas han bajado sus publicaciones de redes sociales mientras la situación se aclara.
En cuanto a Real Business y Daily Cop (moneda virtual), en su promoción estuvieron involucrados influenciadores como Cossio, Mateo Carvajal y La Liendra, quienes, según las denuncias, dieron “la sensación de confianza y credibilidad” a las personas para invertir. Sin embargo, frente a la primera empresa, la SIC determinó que ninguno de los influenciadores que prestaron su imagen para promoverla estuvieron involucrados en el recaudo de dinero.
¿Qué dice el gremio?
Ante este panorama, EL COLOMBIANO consultó con Latin America Influencer Coucil (Laick), el primer gremio de influenciadores en Colombia, sobre la responsabilidad que deben tener los creadores de contenido a la hora de promocionar productos o servicios.
“Sobre la reciente investigación de la SIC, hay que decir que esta aún no es concluyente y todos merecen el derecho a la presunción de inocencia hasta que no se compruebe lo contrario. Pero también reconocemos que la entidad ha sido muy juiciosa en establecer un manual normativo sobre buenas prácticas en la publicidad. Y aunque aún existen vacíos legales, esta es una guía muy clara sobre qué se puede hacer, que no atente contra el derecho de los consumidores”, señaló Roberto Rave, empresario y fundador del gremio.
Y aprovechó para hacer un llamado a los influenciadores a actuar responsablemente en la publicación de sus contenidos.
“Según estudios, más del 67% de los jóvenes en Latinoamérica quieren ser creadores de contenido, entonces los que están hoy en la cima deben ser consientes de que están abriendo camino para los que vienen detrás. Debemos ser responsables si queremos que esta industria tenga una imagen positiva y que las marcas nos sigan contratando”, resaltó Rave.
