En el 2006, una tragedia enlutó a dos familiares de Floridablanca. Dos pequeños, uno de 10 y otro de 11 años, perdieron la vida ahogados en un lago artificial en un balneario de Piedecuesta.
Lo que al principio sería un simple paseo escolar, donde 19 pequeños del Instituto Pedagógico Santo Domingo, se dirigían a divertirse y a despedir el año escolar, terminó en profunda tristeza y desolación.
Los hechos ocurrieron en el establecimiento La Playa, ubicado en la vereda El Llanito del municipio garrotero. Allí, los estudiantes de quinto grado y algunos hijos de las empleadas de la institución, se embarcaron en dos balsas para navegar a través de un lago de más de cuatro metros de profundidad.
De acuerdo con la investigación, uno de los menores, el de 11 años, se lanzó al lago para arrastrar la balsa de sus compañeros, pero su fuerza no fue suficiente, solo se escucharon gritos de auxilios, los cuales fueron atendidos por su amigo, el de 10 años.
El pequeño intentó rescatarlo, ‘darle una mano’ para salvar su vida, pero no sabía nadar. Aquel 18 de noviembre finalizaron los sueños de estos dos niños.
Hallaron “culpable”
Tras esta lamentable situación, al proceso fueron vinculados Aydee Lamus, dueña del colegio, y César Augusto Uribe, propietario del estadero, ambos bajo los cargos de homicidio culposo.
Después de varios años de litigio, este caso llegó hasta la Corte Suprema donde se concluyó que “contrario a lo sostenido por la defensa, la Fiscalía General de la Nación logró demostrar que Aydee Lamus Quintero se encontraba en posición de garantía frente a los 19 menores de edad que asistieron al paseo y que, como resultado de la desatención a los deberes que le era exigibles en su condición de organizadora y asistente, dos de éstos fallecieron”.
La Corte agregó que los cuidadores de los niños “en lugar de incrementar los cuidados, su desempeño fue tan descuidado que favoreció el ingreso de los menores a dos de las embarcaciones, según recordaron los deponentes, sin el acompañamiento de ninguno de los adultos asistentes, desprovistos de chalecos salvavidas y sin que el experto en rescates estuviera presente”.
Por tal razón, el pasado 16 de marzo, la mujer fue condenada a 38 meses de prisión, multa de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso.
