Las familias que se sienten estafadas y engañadas por el proyecto urbanístico Cachalú de San Gil, se preguntan en dónde está Martín Emilio González Salazar, presunto responsable del proyecto y la Fiscalía General de la Nación que desde hace más de 4 años adelanta la investigación por la demanda que entablaron.
“No aparece el uno ni el otro”, aseguraron una y otra vez un grupo de mujeres que ayer visitaron el sitio donde deberían estar sus viviendas.
Alicia Rodríguez Torres, una de las damnificadas, contó cómo hace más de cinco años pagó $26 millones por un apartamento esquinero en un primer piso, en el que solo hay una placa, algunas bases y maleza.
Llegó con una carpeta con todos los documentos, entre ellos los recibos de las consignaciones que hizo a la fiducia abierta en el banco BBVA a nombre de la Asociación de Vivienda Cachalú bajo la que se creó la urbanización, promesa de compra venta y otros documentos en el que el nombre que resalta es el de González Salazar, del que los afectados no saben nada hace 4 años cuando empezaron a hacer las denuncias.
La urbanización ubicada en una de las zonas altas del municipio, arriba del sector Cerros del Bosque, está dividida en dos zonas. Una torre habitada y la otra en donde están los damnificados y que está dividida en dos estructuras.
En la zona sin terminar ni entregar construyeron un primer piso de locales dejados en obra negra, un segundo piso con tres apartamentos ocupados y una plancha con una estructura a medias donde deberían ir otros apartamentos. Al frente está la otra sección, con unas bases y una placa.
¿Y la Fiscalía?
La pregunta de todos los afectados es que pasó con la demanda que no avanza.
Luis Gilberto Durán, abogado de un grupo de víctimas, dijo que el proceso está en la Fiscalía Cuarta Penal de San Gil de la que se espera mayor celeridad.
El defensor que defiende los derechos de cerca de 50 afectados a quienes el detrimento económico superaría unos $1.000 millones, refirió que hasta el momento el proceso ha tenido tres fiscales y pocos avances, dejando un muy mal mensaje a las víctimas por la falta de legalidad.
