Ocho muertos y más de 500 víctimas dejaron las denominadas ‘Casas de Tortura’ en Bucaramanga, que fungían como fundaciones privadas que ofrecían servicios de atención a ciudadanos con problemas de adicción, en situación de calle o víctimas de abuso u otros problemas de índole psiquiátrica.
Durante tres años, la Fiscalía General de la Nación le siguió el rastro a ocho supuestos centros de rehabilitación ubicados en Bucaramanga, Piedecuesta y Girón (Santander). En medio de la tarea investigativa, descubrió que estas “corporaciones” hacían parte de una estructura delincuencial que tenía ‘tentáculos’ en otras ciudades como Cartago en Valle del Cauca y Bogotá.
La seccional Santander de la Fiscalía, a través del CTI y con el apoyo del Ejército Nacional, lograron judicializar a 21 personas que estaban vinculadas con estos actos de violencia y tortura que provocaron la muerte y el deterioro de la salud de varios pacientes.
En la audiencia de imputación de cargos, el Fiscal Tercero Especializado reveló los aterradores detalles sobre las crueldades que líderes y cuidadores cometían en contra de los internos. Su estancia en estos centros de rehabilitación era un completo infierno.
El cuarto de reflexión: el sitio en donde murió el interno Abraham Josué Chía Robles
Uno de los métodos de castigo usados por estas fundaciones en Bucaramanga fue el ‘cuarto de reflexión’, un espacio “con un tamaño de 2×2 metros”, reveló el Fiscal Tercero. A este sitio eran enviados aquellos internos que no “se comportaban de la manera en que le solicitaban”.
“Allí ingresaban simultáneamente, sin ninguna discriminación, internos con problemas psiquiátricos y con temas de adicción. Pese a lo pequeño del espacio, ingresaba gran cantidad de personas que permanecían de pie indefinidamente”, añadió el Fiscal.
En este recinto, el 10 de septiembre de 2021 murió Abraham Chía Robles, de 27 años, un interno de una corporación, ubicada en la carrera 21 con calle 41 de Bucaramanga. El joven fue golpeado y asfixiado cuando compartía el espacio con otras nueve personas. Los dos responsables fueron capturados en flagrancia por este hecho.
En la misma noche del asesinato, la Alcaldía de Bucaramanga adelantó un operativo de inspección donde se evidenciaron aparentes casos de violación de derechos humanos y se encontraron a 75 personas hacinadas en este sitio.
‘La captura’ y abusos contra menores de edad en fundaciones de Bucaramanga
Además, de encerrarlos en espacios sin ventilación, los internos también eran llevados a la fuerza por sus familiares y líderes de estas fundaciones. Este hecho era conocido como “la captura”. La Fiscalía precisó, además, que estos pacientes eran sedados, con gotas cuyo contenido es desconocido, para trasladarlos a los centros de rehabilitación.
“Las víctimas hablaron sobre sustancias extrañas, con las que las drogaban y perdían el conocimiento. Así era como los ingresaban a las fundaciones”, señaló el Fiscal Tercero Especializado en medio de la audiencia de imputación de cargos.
El uso de drogas era común para maltratar y abusar sexualmente de internos menores de edad. “Se conoció que algunos de los empleados de estas fundaciones habrían abusado sexualmente de varios menores de edad que permanecían sedados por los medicamentos que les proporcionaban”, añadió el ente acusador.
De hecho, en las diligencias de allanamiento a estas corporaciones, las autoridades hallaron 10 menores de edad que fueron enviados a las comisarías de familia en donde se reestablecerán sus derechos.
Más métodos de tortura: sin comida, golpes y secuestros
Las atrocidades que cometían estos supuestos cuidadores desbordaban en modalidades. Como castigos, los internos de las fundaciones eran privados de alimentos. Además, no se les permitía hablar con sus familiares.
“En las visitas, algunos líderes vigilaban lo que decían, lo que impedía que los pacientes pudieran hablar con normalidad a sus seres queridos”, añadió la Fiscalía.
Además, eran víctimas constantes de golpes con bates o palos. Los amarraban de los pies y los esposaban para dejarlos en el piso por largas horas. También eran llevados a una azotea. Los dejaban a la intemperie por días, encadenados con candados. Un sinfín de actos inhumanos en los que muchos perdieron la vida.
¿Cuándo se inició la violencia de estas ‘Casas de Tortura?
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos se remontan desde el año 2013, cuando miembros de la familia Blanco y algunos allegados se asociaron para brindar servicios de rehabilitación de consumidores, así como también para tratar a enfermos con patologías psiquiátricas, adultos mayores y jóvenes víctimas de abuso sexual. Todos ellos personas de escasos recursos.
Los directores de las fundaciones, según se pudo establecer durante el proceso investigativo, encargaban a los internos más antiguos de la custodia y el cuidado de los nuevos pacientes.
Ahora, los involucrados en esta violencia deberán enfrentar cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de secuestro y tortura, secuestro, inducción a la prostitución, acceso carnal con incapaz de resistir, actos sexual violento, entre otros.
Dentro de las personas detenidas está Reinaldo Jaime Blanco y Álvaro Javier Salazar, quienes serían los cabecillas de esta organización.
