Un total de 21 personas capturadas en allanamientos a ocho fundaciones, cuyo supuesto propósito era ayudar en la rehabilitación de personas consumidoras de estupefacientes, fue el saldo que dejó una operación denominada ‘Casas de Tortura’ por parte del CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional.
Y es que, según conoció Q’hubo, era un verdadero suplicio lo que vivían las personas al interior de estos centros de rehabilitación, que operaban en total irregularidad, ubicados en los municipios de Bucaramanga y Piedecuesta.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos se remontan desde el año 2013, cuando miembros de la familia Blanco y algunos allegados se asociaron para brindar servicios de rehabilitación de consumidores, así como también para tratar a enfermos con patologías psiquiátricas, adultos mayores y jóvenes víctimas de abuso sexual. Todos ellos personas de escasos recursos.
Sin embargo, contrario a recibir el servicio que era prometido a los familiares de la víctimas al momento del ingreso, al interior de las fundaciones los pacientes vivían tratos inhumanos.
“Ellos eran drogados, les infringían tratos crueles e inhumanos, eran castigos, sufrían lesiones y delitos sexuales durante su permanencia en dichos centros”, reveló la Fiscalía en un informe.
Los directores de las fundaciones, según se pudo establecer durante el proceso investigativo, encargaban a los internos más antiguos de la custodia y el cuidado de los nuevos pacientes. Esta vigilancia consistía en ejercer más violencia y malos tratos con la complacencia de las directivas.
Para captar nuevos pacientes, dentro de la organización habían roles de personas que se encargaban de “realizar el servicio de privar de la libertad a las personas en estado de indefensión o utilizando la fuerza, esperándolos y suministrándoles medicamentos sin prescripción médica para doblegar su voluntad, con el fin de poderlos ingresar a las fundaciones”, añadieron las autoridades.
Un homicidio y la intervención de la Alcaldía de Bucaramanga
Estos aberrantes hechos salieron a la luz el 10 de septiembre de 2021, cuando Abraham Josué Chía Robles, de 27 años, fue asesinado al interior de una corporaciónde rehabilitación, ubicada en la carrera 21 con calle 41 de Bucaramanga.
En la misma noche del asesinato, la Alcaldía de Bucaramanga adelantó un operativo de inspección en el se evidenciaron aparentes casos de violación de derechos humanos y se encontraron a 75 personas hacinadas en este sitio.
Melissa Franco, en ese entonces secretaria del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, advirtió en su momento que “se notificó a la Defensoría del Pueblo de presuntos casos de abuso y otros delitos que manifestaron los internos, así como a la Fiscalía para que investigue las denuncias de los internos por abuso y torturas que acontecían al interior de esta corporación” .
La Administración Municipal reveló durante esa visita de la existencia de un ‘cuarto de reflexión’, con un tamaño de 2×2 metros, donde encerraban a los internos problemáticos. Allí fue donde Abraham Josué fue golpeado y asfixiado cuando compartía este mismo espacio con otras nueve personas. Los dos responsables fueron capturados en flagrancia por este hecho.
También en el lugar se evidenció el encierro de adultos mayores y personas con enfermedades psiquiátricas en espacios sin las condiciones higiénico-sanitarias y de infraestructura necesaria.
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Después de este hallazgo, las autoridades gubernamentales adelantaron varios operativos en donde por lo menos tres fundaciones fueron selladas. Se entablaron las denuncias penales e inició el proceso investigativo.
Los allanamientos a fundaciones en Bucaramanga y Piedecuesta
Vanguardia conoció que durante este martes, 22 de octubre, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y el Ejército Nacional desplegaron un operativo en donde ocho fundaciones, ubicadas en Bucaramanga y Piedecuesta, fueron allanadas.
En la redada se capturaron a un total de 21 personas por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de secuestro y tortura, secuestro, inducción a la prostitución, acceso carnal con incapaz de resistir, actos sexual violento, entre otros.
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Dentro de los señalados está Reinaldo Jaime Blanco y Álvaro Javier Salazar, quienes serían los cabecillas de esta organización.
Durante la tarde de este miércoles se adelantaban las audiencias concentradas en contra de los procesados. Se espera al termino de estas diligencias las autoridades entreguen más detalles de este resultado operativo y se entreguen imágenes de los capturados.