Con medidas de aseguramiento no privativas de la libertad quedaron 20 de las 21 personas que habían sido capturadas por pertenecer a una red que desde las escuelas de enseñanza expedía documentos falsos a personas que no tenían la idoneidad para conducir vehículos.
Los acusados habían sido arrestados desde el pasado 30 de julio en un robusto operativo desplegado en los municipios de Bucaramanga, Girón, Oiba, Barrancabermeja, Barbosa, Santander, y en Bogotá.
Q’hubo conoció que en las audiencias concentradas la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y obtención del documento público falso.
A pesar del material probatorio que se recopiló durante el proceso investigativo y que se presentó durante las audiencias concentradas, el Juzgado Cuarto con Función de Control de Garantías de Bucaramanga decidió imponer, casi la totalidad de los procesados, medida no privativa de la libertad
“Se imponen medidas de aseguramiento no privativas de la libertad para 20 de ellos y una medida en lugar de residencia para el líder de la organización”, se lee en un informe de la Fiscalía.
De hecho, el ente acusador interpuso un recurso de reposición y apelación por esta decisión.
Además de los capturados anteriormente mencionados, a otras dos personas que se encuentran en los Estados Unidos también les imputaron cargos por estos hechos.
Así operaban
Como un duro golpe a la ilegalidad en materia de tránsito y transporte habían calificado las autoridades en la capital del país, desde donde se manejó esta investigación, este resultado.
La coronel Claudia Susana Blanco Romero, comandante de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, señaló previamente que desde las escuelas de enseñanza esta organización habían expedido documentos falsos a 5.900 personas que no cumplían con los requisitos para obtener una licencia.
“Estas personas se dedicaban a expedir certificados de idoneidad en conducción a ciudadanos que no habían ingresado a una sola clase de aprendizaje. En un esfuerzo contra la ilegalidad en el tránsito y en el transporte, capturamos a estas personas”, señaló la comandante.
Las escuelas de enseñanza intervenidas tenían sus oficinas en los municipios de Bucaramanga, Girón y Barbosa, en Santander. Desde el operativo, no pudieron volver a abrir sus puertas.
El propio director de la Policía Nacional, William René Salamanca, manifestó que dentro de los capturados se encontraban tres representantes legales, cuatro certificadores y 14 instructores.
En estas acciones fueron ocupados 41 bienes con fines de extinción de dominio (tres centros de enseñanza automovilística, 17 automóviles, 18 motocicletas y 3 sociedades), avaluados en más de $4.000 millones.
El director de la Policía aseguró la semana pasada que “la habilitación de personas no aptas para ejercer la conducción de vehículos constituye un riesgo para la seguridad vial, que contribuye a la accidentalidad. De 2023 a la fecha, en solo Santander se han presentado 3.727 siniestros viales, con 584 muertos y 4.462 heridos”.
A todo esto se ha conocido el testimonio de usuarios que en días recientes habían cancelado el dinero para tramitar su licencia en las escuelas implicadas y ahora nadie les da razón para devolverles lo invertido.
