Alcira García es una mujer que en la actualidad tiene 84 años de edad. En el año 2017 decidió vender su casa en Barrancabermeja, la que había adquirido gracias a la pensión de su esposo, para pasar los últimos años de su vida en una vivienda del área metropolitana de Bucaramanga, buscando escapar del caluroso clima del Puerto Petrolero.
Su hijo, Néstor Rodríguez, le contó a Q’hubo que en el año 2017 conocieron el proyecto de la hoy cuestionada constructora y vendieron la casa de Barrancabermeja para cumplir el sueño de su progenitora.
“Conocimos del proyecto a través de una amiga y vimos los apartamentos de Torres del Campo en Piedecuesta. Fuimos a la oficina de la constructora y compramos el apartamento en $95 millones, que los dimos en efectivo. Eso fue en el 2017 y nos dijeron que en un mes nos daban las escrituras”, contó el señor Rodríguez.
Sin embargo, después de siete años, la constructora no le ha dado las escrituras a la adulta mayor. Aunque se lo entregaron y se pasó a vivir al inmueble, el apartamento en la actualidad está a nombre de una entidad financiera.
“No nos dieron las escrituras por mil excusas. Que cambiaron el representa legal, que tenían problemas con las notarías. En junio de 2017 mi mamá se pasó a vivir a Torres del Campo, sigue viviendo allá, pero el apartamento está a nombre de la financiera a pesar de ya haberlo pagado de contado. En cualquier momento la pueden desalojar”, contó Néstor.
El familiar de la adulta mayor, además, manifestó que desconocen qué va a pasar con su caso y si los 95 millones de pesos pagado por su apartamento los podrían perder.
“Estamos en el limbo, en la misma situación que mi mamá, que pagaron los apartamentos de contado y no tienen escrituras, hay como 15 familias que viven en Torres del Campo”, concluyó.
Así fueron las audiencias
El Juez Cuarto Penal Municipal de Garantías de Girón, tras la culminación de las audiencias concentradas que se adelantaron entre el 8 y 12 de marzo, envió a la cárcel a cuatro representantes legales y el asesor jurídico de Q-bica Constructora, que entre los años 2012 y 2016, presuntamente, estafó a 208 familias que invirtieron dineros en proyectos de vivienda en Torres del Campo, en barro Blanco de Piedecuesta, Santander.
“Captaron cerca de $4 mil millones y prometieron tres torres de apartamentos, aproximadamente 10 casa bifamiliares y unos locales con zonas sociales”, aseguró un abogado representante de las víctimas.
Las personas que quedaron con medida intramural fueron identificadas como Juan Camilo Corrales Mateus, José Julián Silva Bueno y Freddy Augusto Maya, quienes ejercieron como representantes legales de la firma constructora. Jaime Rafael Galvis Vásquez, asesor jurídico de esta empresa, también fue cobijado con esta medida.
Por su parte, dos mujeres que se desempeñaron como trabajadoras de Q-bica quedaron con detención domiciliaria y se trata de Gloria Amparo Mojica Jaimes y Elizabeth Mantilla Pérez.
La Fiscalía Primera de la Unidad Especializada Estructura de Apoyo, EDA, les imputó a estas seis personas los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada y urbanización ilegal.
En el proyecto Torres del Campo, en Piedecuesta, sólo se alcanzó a construir una torre de las cinco que la constructora prometió.
Los abogados defensores de los procesados interpusieron recursos de apelación ante la decisión tomada por el juez.
