La presencia del Bloque Cacique Guanentá, de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el corregimiento de Charalá, Santander, vinculó también a altas autoridades entre 2001 y 2026, cuando tuvieron el control de este territorio.
Justamente, la Fiscalía logró que un juez condenara a 20 años y 9 meses de prisión a Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, quien fue la rectora del Colegio Nuestra Señora del Rosario, y puso a disposición de los paramilitares a los estudiantes para que abusaran de ellos sexualmente.
«Un Fiscal acreditó en juicio que la señora Gutiérrez permitió que algunos de sus estudiantes fueran abusados sexualmente y de manera sistemática por los cabecillas de la estructura criminal», afirmó el ente acusador en un comunicado de prensa.
Los hechos tuvieron lugar en el corregimiento en donde se acentuaron los paramilitares del Bloque Cacique Guanentá y tuvieron de forma temporal y durante varios años, el control de la región.
Políticos, empresarios y hasta la misma rectora se vinculó con el grupo armado junto a su esposo, el entonces concejal Luis Moreno, quien también es procesado por sus nexos con los paramilitares.
Según logró determinar la Fiscalía General de la Nación, y tal como lo denunció en su momento Vanguardia, a través de bazares en el colegio Lucila Inés Gutiérrez presentaba a sus estudiantes a los paramilitares para que ellos eligieran con quien estar sexualmente.
De igual forma, algunos de ellos eran reclutados por los sujetos para portar armas y hacer parte de la estructura criminal. «También prestó la oficina de la rectoría de la institución para que se ejecutaran las agresiones. En el curso del proceso fueron identificadas, por lo menos, dos víctimas que permanecieron encerradas y soportaron durante prolongados periodos los vejámenes de los jefes paramilitares conocidos como ‘Víctor’, ‘Carlos’, ‘Naríz’, ‘Chirrete’, ‘Silvestré y ‘Shuster'».
Los horrores del conflicto
José Danilo Moreno Camelo, alias ‘Alfonso’, fue el comandante general del Frente Comuneros Cacique Guanentá cuando se inició en el año 2000, que se desmovilizó en el nordeste de Antioquia a mediados de 2003. Pero fue durante la dirección de Carlos Alberto Almeida Penagos, alias ‘Víctor’, el segundo comandante militar al mando de esta agrupación que operó en Riachuelo, que su subalterno, William Parra Arroyave, alias ‘Diego Armando o Chuster’, jefe de la escuela de formación, emprendió el abuso contra los menores en compañía de alias ‘Chirrete’ y ‘Silvestre’, quienes se encargaban de reclutarlos y también abusarlos. Así lo han asegurado varios de los ‘paras’ sometidos a Justicia y Paz.
‘Chirrete’ y ‘Silvestre’, al parecer asesinados por sucesores de ‘Víctor’ –que fue capturado en 2003 y que falleció en 2005 –, permanecían en la escuela que funcionaba en inmediaciones de la finca El Cuadro, en Riachuelo.
Las víctimas de este conflicto afirman que Parra Arroyave o ‘Chuster’ también tenía un prostíbulo en San Gil, cuyas mujeres trasladaba hasta fincas de las distintas veredas de Charalá durante las celebraciones. “Traían a ‘doctoras’ de San Gil que hacían musarañas desnudas, a las que les prendían velas sobre el cuerpo y bebían whisky. Al mismo tiempo, llevaban muchachas de Riachuelo para que aprendieran lo que ellas hacían. Mi marido decía que eran mujeres de la vida alegre”, recuerda una de las sobrevivientes de estos hechos.
Al parecer, la instrucción que se daba en El Cuadro estaba relacionada con la que se impartía en la vereda La Mina, corregimiento de Pueblo Viejo, en Coromoro, donde también funcionó una escuela de reclutamiento, a donde llegaban jóvenes provenientes de todo el país.
Esta escuela, según la versión entregada por los paramilitares vinculados a Justicia y Paz, duró muy poco, pero varias de las víctimas lo niegan, pues aseguran que muchos jóvenes fueron sometidos durante años a entrenamiento en estos lugares
La caída o ‘Salto del Ángel’ que hoy día es un lugar frecuentado por los pobladores los fines de semana, también esconde muchas historias. Según se ha podido conocer en los relatos de algunos desmovilizados, en este lugar se creó una especie de discoteca, con luces de colores que apuntaban a la caída de agua y casas hechas en medio de los árboles, donde la rumba y la tragedia se mezclaban cada noche. “Allí se arreglaban matrimonios, se liquidaban sociedades, se cobraban deudas, se hacían diligencias de Comisarías de Familia… Aplicaban los códigos de las Autodefensas, eso fue lo que dijeron algunos de los postulados (a Justicia y Paz)”, aseguran las víctimas.
En este trágico escenario también figura alias ‘Rodrigo’, el tercer y último comandante militar y financiero que tuvo el Comuneros Cacique Guanentá en esta zona. ‘Rodrigo’, Gerardo Alejandro Mateus Aceros, en sus versiones libres ha dicho que aunque la organización no quería tener menores por orden de ‘Julián Bolívar’, cada uno de los frentes se manejaba “con diferentes directrices el tema y sí hubo reclutamiento de menores”.
De acuerdo con este postulado, los menores que ingresaban a este campo de entrenamiento superaban los 15 años y lo hacían de manera voluntaria. Sin embargo, algunos de los menores que se han reintegrado a la sociedad civil, aseguran que eran seducidos por la falta de recursos económicos y de educación, y porque muchos reclutadores entregaban información sobre sus familias. “Por eso a muchos se los llevaron a la fuerza”, recuerda uno de los testigos.
En agosto de 2003, alias ‘Rodrigo’ fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente. Hoy día se encuentra en una de las cárceles de Bucaramanga y como postulado a Justicia y Paz sigue rindiendo declaraciones sobre sus víctimas.
Tras la caída de este ‘eje del mal’, el Frente Comunero Cacique Guanentá es trasladado a Puerto Berrio. “Dicen que por aquí no hay más ‘paras’, pero la justicia no le ha echado mano a otros, a los que les acolitaban todas sus fechorías. Ojalá esto termine en paz”, comenta otro de los afectados.
