En una audiencia virtual se le imputaron los delitos de celebración indebida de contrato y falsedad en documento público, a los cuales no se allanó.
“Eran buses con más de 30 años de uso y con una empresa que no reunía los requisitos legales, el conductor del bus accidentado era una persona inexperta y no tenía ayuda de un auxiliar como lo dice la norma”, relató la Fiscalía durante la acusación.
La Fiscalía aseguró que fueron contratados buses viejos para pagar favores políticos en el suscrito contrato de transporte escolar.
“Se antepusieron intereses propios, por cumplir compromisos políticos, antes de mirar el prejuicio que se le podía causar a los usuarios de este transporte y fíjese el resultado funesto de este accidente”, agregó la fiscal del caso.
Además del alcalde, a Sandra Milena Bautista, funcionaria de la Alcaldía de San Andrés, la procesaron por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público.
A Benito Luna Gutiérrez, gerente de la empresa contratista del bus siniestrado, lo judicializaron por los delitos de interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento privado y fraude procesal en calidad de coautor.
La Fiscalía solicitó al Juez Promiscuo de Guaca, Santander, llevar a cabo la audiencia de medida de aseguramiento en contra de los investigados, pero el togado determinó realizar la diligencia para el lunes 10 de abril, hasta después de Semana Santa.
Es de destacar que el conductor del bus siniestrado, identificado como Jaime Osorio Castellanos, meses atrás fue imputado por el presunto delito de homicidio culposo. El proceso judicial sigue hasta que se tome una decisión en primera instancia.
Así fue el accidente
Aquel trágico 22 de marzo del año anterior, cerca de la 1:45 p.m., un autobús escolar, de placas SRY-939, que movilizaba 22 niños y un adulto, rodó cerca de 200 metros en el Alto de San Pedro, frente a la Laguna de Ortices en el municipio de San Andrés, Santander.
En el hecho cuatro niños y dos niñas, todos estudiantes del Instituto Técnico Laguna de Ortices, perdieron la vida. El resto de ocupantes resultaron heridos, algunos de gravedad.
“A los padres de los niños no nos han llamado a informarnos cómo va el proceso judicial. Los seguros nos hicieron firmar unos papeles y no tenemos respuesta alguna. Además, no entendemos por qué la investigación no avanza y las audiencias se aplazan”, relató Leidi Yulied Jaimes, madre de una de las pequeñas fallecidas.
