Luego de más de 14 años de investigación, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación decidió acusar formalmente al exsenador santandereano, Tiberio Villarreal por su responsabilidad en la masacre paramilitar que acabó con la vida de 12 funcionarios judiciales, en el corregimiento La Rochela, en Simacota, Santander, en enero de 1989.
Así lo informó El Tiempo al señalar que en un documento de 50 páginas la Fiscalía acusó a Villarreal Ramos por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio agravado, al considerar que “los intereses políticos del mencionado procesado rebasaron el normal acontecer proselitista para incardinarse (incorporarse) en el contubernio con grupos de narcotraficantes, de autodefensa o paramilitares e integrantes de la Fuerza Pública, concretamente del Ejército Nacional, con miras a favorecerse política y económicamente con la existencia de este accionar criminal”, reza el documento oficial citado por El Tiempo.
Del mismo modo, la Fiscalía habría dado crédito al testimonio de Alonso de Jesús Baquero, exjefe paramilitar, alias ‘Vladimir’, quien desde que comenzó a colaborar con la justicia ha señalado a Tiberio Villareal como “la persona que cobraba los dineros a los comerciantes de Bucaramanga para colaborar con la financiación de la organización paramilitar y, de paso, de sus campañas políticas”.
Participación en la masacre
Para el ente acusador, con su injerencia en el entramado criminal el excongresista santandereano participó en la masacre de los servidores judiciales y de paso estuvo involucrado en la quema de todos los expedientes de la investigación penal que el Tribunal Superior distrito Judicial de San Gil adelantaba en su contra por los asesinatos y desapariciones de comerciantes de la región que estaban sucediendo desde hacía meses en Santander.
En ese sentido, la Fiscalía considera que el testimonio de ‘Vladimir’ y las demás pruebas recaudadas, acreditan el contexto en el que ocurrió la masacre, “permite cumplir con creces el requisito de la probabilidad de verdad de la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad penal en cabeza de Tiberio Villareal Ramos como autor mediato por dominio de aparatos organizados de poder”.
Del mismo modo, la agencia fiscal concluye que la masacre de La Rochela no fue un hecho aislado y por el contrario es directamente vinculado al conflicto armado que vivía la zona azotada por la Autodefensas del Magdalena Medio y los bloques comandados por Henry Pérez.
La masacre
El 18 de enero de 1989, una comisión de 15 funcionarios judiciales adscritos al Tribunal Superior distrito Judicial de San Gil, que había salido desde la capital de la provincia Guanentina a investigar hechos recientes de asesinato y desapariciones en la región, incluyendo la desaparición de 19 comerciantes ocurrida en octubre de 1987, fueron interceptados por al menos 40 hombres armados que se hicieron pasar como miembros de la guerrilla.
La comisión judicial fue obligada a desviarse del camino donde algunos kilómetros más adelante fueron atacados con fusiles y subametralladoras. 12 fueron ejecutados y tres de ellos sobrevivieron a la masacre, que tenía como fin dejar impunes todos los delitos cometidos por los paramilitares en el Magdalena Medio.
Según reveló en su momento el portal Verdad Abierta, “a través de una reconstrucción minuciosa de los hechos lograron establecer los investigadores del Grupo de Memoria Histórica, bajo la coordinación de Iván Orozco, es que en varias reuniones donde participaron militares, mafiosos y políticos, se les había sentenciado a muerte, mucho antes de que llegaran a La Rochela”.
Hasta el 2020, el único condenado fue Alonso de Jesús Baquero, conocido como ‘Vladimir’. El general Farouk Yanine Díaz, quien era investigado, falleció antes que se resolviera su situación jurídica.
Insiste en su inocencia
La defensa del excongresista Tiberio Villarreal insiste en que su apoderado no tuvo ninguna relación con la masacre de La Rochela y puso en tela de juicio la veracidad del testimonio de ‘Vladimir’ en contra del exsenador santandereano.
Tiberio Villarreal Ramos fue condenado por concierto para delinquir y lavado de activos, por su participación en el proceso 8.000. Para la Fiscalía, el nacido en Rionegro tenía pleno conocimiento de que los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela alimentaban sus cuentas personales con dineros provenientes del narcotráfico. Finalmente la Corte Suprema comprobó que recibió del cartel de Cali cerca de $50 millones.
