Esta decisión se da en el marco de una guerra contra las pandillas del presidente Bukele en El Salvador.
De acuerdo con la Fiscalía, el pandillero César Alfredo Romero Chávez, líder de la MS-13, «es el responsable de 24 casos de homicidio agravado. Los cuerpos de las víctimas fueron enterrados en cementerios clandestinos».
En el proceso judicial que duró dos meses también fueron condenados otros 93 miembros de la Mara Salvatrucha. Los privados de la libertad se le imputó un total de 54 delitos graves, explicó la Fiscalía.
«Fue encontrado culpable de múltiples delitos y condenado a 1.090 años de cárcel», detalló la entidad, en una suma de penas por cada crimen cometido.
A pesar de la elevada condena, el Código Penal de El Salvador establece que la pena máxima de permanencia en la cárcel es de 60 años.
El Congreso de El Salvador, controlado por aliados del presidente Bukele, ha extendido al menos hasta fines de julio un régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial.
La medida inició a fines de marzo, como reacción a 87 asesinatos ocurridos durante un fin de semana, todos atribuidos a actividades de las pandillas.
El Parlamento también ha endurecido las penas por pertenecer a estas organizaciones, principalmente la MS-13 y Barrio 18, que operan en el país, dedicadas entre otras cosas al tráfico de drogas y extorsión.
Hasta antes de la arremetida del gobierno, estaban encarcelados unos 16.000 de sus miembros, pero con las detenciones de los últimos tres meses estarían tras las rejas 59.086, un 84% de los 70.000 miembros que oficialmente se considera existen en el país.
La mayoría de los detenidos aún espera juicio, mientras organizaciones humanitarias e incluso el gobierno de Estados Unidos ha invocado a El Salvador a respetar los derechos humanos.
