En La madrugada de este domingo se conoció que “neutralizados” tres presuntos implicados en el ataque perpetrado hace una semana en contra de un local comercial en el municipio Pedro María Ureña del estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia, informó el gobernador de esta región de Venezuela, Freddy Bernal.
En un video publicado en su cuenta en Instagram, aseguró que durante un enfrentamiento “han sido neutralizados tres individuos de alta peligrosidad, uno de nacionalidad colombiana, dos venezolanos, los tres implicados en el atentado terrorista del sábado pasado, cuando lanzaron una granada y se produjeron ocho heridos”.
Los cuerpos de seguridad venezolanos acostumbran a emplear el término “neutralizar” sin especificar si los integrantes de la banda fallecieron o fueron detenidos.
Detalles de los hechos
El gobernador detalló que el enfrentamiento se produjo en los márgenes del río Táchira, que divide el territorio venezolano del colombiano, y aseguró que se inició luego de que el “grupo criminal” lanzara una granada a los funcionarios de la División Contra La Delincuencia Organizada (Dcdo) y al grupo antiterrorismo de la Policía Nacional Bolivariana, que “respondió en consecuencia”.
Señaló que las autoridades desplegadas en la zona fronteriza están en la búsqueda de otros “tres o cuatro individuos”, a los que vieron correr hacia la zona montañosa cercana en el momento del enfrentamiento.
“Les garantizo que la paz y la soberanía en esta zona no se negocia, se ejerce con la fuerza de la Constitución y la paz”, reiteró el gobernador.
La semana pasada
El pasado jueves, cuatro días después de que las ocho personas resultaran heridas por el ataque con una granada lanzada a un comercio en el municipio Pedro María Ureña, Bernal informó que 1.000 policías fueron desplegados en dos zonas del estado Táchira como parte de un operativo para “contrarrestar la violencia criminal que pretende extenderse”.
Operativos
Se trata del operativo “Frontera de Paz”, para el que se desplegaron 1.350 “efectivos de seguridad ciudadana” en San Antonio y Ureña, limítrofes con el departamento colombiano de Norte de Santander, desde donde la violencia amenaza con “extenderse”, señaló el funcionario entonces.
La activación de este operativo tuvo lugar cuatro días después de que ocho personas resultaran heridas por un ataque con una granada lanzada a un comercio en el municipio Pedro María Ureña por “bandas criminales” del país andino que extorsionan a comerciantes, según denunció Bernal el pasado domingo.
Aseguró entonces que en Colombia han vuelto a “estructurarse poderosas bandas criminales” que “han desatado una ola de violencia”, que “pretenden ahora extender” al país caribeño, donde “han comenzado, hace unos dos meses, aproximadamente, a amenazar a los comerciantes (y) a los industriales”.
El gobernador del Táchira instó a los ciudadanos a “denunciar cualquier amenaza por parte de estos grupos criminales irregulares”.
Los ministros de Defensa de Venezuela y Colombia, Vladimir Padrino e Iván Velásquez, respectivamente, firmaron este jueves en Caracas un acuerdo conjunto para incrementar las acciones contra la criminalidad en la frontera.
El compromiso es “aumentar la presencia de las Fuerzas Armadas en los pasos informales” de la frontera y pactaron continuar las reuniones entre autoridades militares a fin de “afianzar la lucha y la coordinación operacional de todas las amenazas y factores de riesgo existentes, especialmente en los grupos estructurados de delincuencia organizada transnacionales”.
También acordaron “establecer un canal de comunicación directo para intercambiar, informar y fortalecer la interacción en el ámbito de inteligencia”, e instaron a sus equipos técnicos a continuar trabajando en conjunto para “fortalecer la cooperación en materia de defensa”.
Desaparecidos en la frontera
Gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron proporcionar “unos prontos y eficaces mecanismos institucionales” para localizar los restos mortales de víctimas del conflicto armado colombiano en la zona de frontera.
Así lo informó ayer la Cancillería colombiana, que detalló en un comunicado que esto ocurre luego de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso revelara el jueves pasado que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) arrojaron los cuerpos de unas 200 de sus víctimas en el lado venezolano de la frontera tras la destrucción del “horno crematorio” en el que desaparecieron a centenares de personas.
“Acordamos proporcionar unos prontos y eficaces mecanismos institucionales que permitan localizar los restos mortales de nacionales colombianos dados por desaparecidos en zona de frontera, sepultados en territorio venezolano según manifestaciones del señor Salvatore Mancuso”, agregó la información.
Mancuso, que está preso en Estados Unidos por narcotráfico, hizo la revelación durante su intervención virtual en una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que el excomandante de las AUC contó que decidieron “destruir el horno” en el que el Frente Fronteras, unidad del Bloque Catatumbo de las AUC, incineraba a sus víctimas.
“Entonces empezó una práctica diferente que fue a todas las víctimas arrojarlas en territorio venezolano. Unas al lado del río (Táchira) para que el río las llevara y las dejara del lado de Venezuela, y otras en las que algunos miembros de las Autodefensas ingresaron a Venezuela para dejarlas en fosas”, expresó Mancuso.
El exjefe paramilitar agregó que en el lado venezolano de la frontera hay enterradas “por lo menos unas 200 o más de 200 personas que las Autodefensas del Bloque Catatumbo” asesinaron.
El martes pasado, el Gobierno realizó un acto en memoria y reconocimiento de las víctimas de desaparición forzada en el que participó de manera virtual exjefe paramilitar, quien habló sobre lo que hacían en los hornos crematorios.
El acto tuvo lugar en un descampado en Juan Frío, que hace parte del municipio de Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander, donde a comienzos de este siglo las AUC establecieron un centro de operaciones contra la guerrilla y quemaron a centenares de sus víctimas en improvisados hornos crematorios para no dejar rastro de sus asesinatos.
Organizaciones de víctimas calculan que los paramilitares del Frente Fronteras incineraron en los hornos a unas 500 personas para desaparecerlas y borrar toda evidencia de sus crímenes bajo el mando de Jorge Iván Laverde, alias “El Iguano”.
