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Sacerdote acusado de violar una niña no aceptó cargos

El sacerdote Carlos José Carvajal Galvis, acusado de violar y obligar a abortar a una niña en Córdoba no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía. Este lunes 7 de marzo se definirá si es enviado o no a la cárcel.

El pasado 3 de marzo la Fiscalía confirmó que el servidor de la Iglesia Católica llegó hasta la sede del CTI en Montería en compañía de su abogado. Carvajal Galvis se entregó para responder por los delitos que se le acusaban.

En la audiencia de imputación de cargos, el ente acusador vinculó al que fuera el párroco de la iglesia La Inmaculada de San Bernardo del Viento, de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. En dicha diligencia judicial se le pidió al juez que el hombre enfrentara el resto del juicio tras las rejas.

Carvajal Galvis no acogió las pruebas recogidas por la Fiscalía y tomó la decisión de no aceptar cargos. La medida de aseguramiento del presunto violador se definirá este lunes a las 2:30 p.m., será el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la ciudad de Montería quien defina si lo envía o no a prisión.

Los hechos que señalan al cura ocurrieron en el municipio de San Bernardo del Viento. El testimonio de la familia dice que el sacerdote se habría aprovechado de su posición de párroco para abusar de la menor de 13 años, quien era acólita.

La menor empezó a reportar cólicos fuertes y tras una revisión médica se determinó que había sido sometida a un aborto.

La Diócesis de Montería dijo que Carvajal, además, era profesor de religión en un colegio de San Bernardo del Viento y que renunció, días antes de la denuncia en su contra, por “problemas personales”.

El cura, antes de entregarse a la Fiscalía, fue hasta el hospital de Montería porque había intentado suicidarse, después de ser atendido, escapó.

Por estos hechos Ricardo Maderas, defensor regional del pueblo en Córdoba, pidió a la justicia celeridad y contundencia “para que todo el peso de la ley caiga a quien corresponda”.

La víctima y su familia se encuentran bajo acompañamiento psicológico y legal por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo.

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