Precisamente ese es el primer comentario que le hace Uribe a Guterres, quien se encuentra en Colombia en una visita que hace por el marco del quinto aniversario de la firma de la desmovilización de las Farc, incluso el martes estuvo en Dabeiba, Antioquia, conociendo los trabajos productivos que adelantan los desmovilizados.
La comunicación precisa que: “Acuerdo de Paz no ha habido. Simplemente se fracturó la Legislación Nacional y se desafió la Internacional al dar impunidad total y elegibilidad política a personas responsables de delitos atroces, por ejemplo, de secuestro y violación de menores. Más aún, no se quiso aceptar por el Gobierno de entonces la alternativa que propuso la oposición para que estas personas por lo menos cumplieran una sanción razonable antes de ejercer la actividad legislativa”.
Le expone además el jefe del Centro Democrático al secretario general de la ONU que “en materia de impunidad Colombia se salió de la regla de las democracias occidentales que exigen pena privativa de la libertad y no elegibilidad política de los responsables de delitos atroces. Incluso superó la legislación de España, que es excepcional, que permite la elegibilidad de terroristas solamente cuando se han cumplido la totalidad de la pena privativa de la libertad y de las condiciones de la libertad condicional”.
Recuerda que varios de los integrantes del equipo negociador del Gobierno han señalado graves fallas
del proceso de negociación y del Acuerdo, como también de incumplimientos de Farc, “las cifras oficiales anuncian que hay 13 mil personas en armas y las disidencias de Farc suman más de 4 mil personas”.
Plantea además que “la permisividad con el narcotráfico de Farc, elevada a rango Constitucional, llevó a pasar, según la medición de ONU, de 45 mil hectáreas de coca, aproximadamente, en los años 2012 y 2013, a más de 150 mil en 2018. Esto sin tener en cuenta la medición de los Estados Unidos que hoy sobrepasa las 250 mil hectáreas, y que en 2018, al asumir el Presidente Duque, ya estaba en 209 mil hectáreas”.
Para Uribe, el “Acuerdo y las medidas concordantes del Gobierno de entonces, como la prohibición de la fumigación, dejaron al actual Gobierno en serias dificultades para erradicar esos cultivos. Y con el riesgo de minas anti personas que han asesinado a tantas personas que participan en la erradicación manual”.
Un asunto más al que le hace referencia es que “sigue vigente la necesidad de crear una sala especial, de magistrados imparciales, para investigar y juzgar a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. La oferta de libertad a cambio de que reconozcan delitos, llevará a varios de ellos a aceptar crímenes no cometidos para poder estar en libertad y con sus familias, sin que los jueces tengan manera de decir que esa aceptación es mentirosa. Existe la ambición política de condenar a nuestro Estado por sistematicidad en violación de Derechos Humanos”.
Finalmente le señala que “escribo estas notas con el mayor respeto. Me he atrevido a hacerlo no obstante mi condición de judicializado por razones políticas. Sus asesores podrán leer la causa judicial contra mi persona. He servido a Colombia con dedicación y pulcritud absoluta en el manejo de los recursos públicos”.
