El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, ayer se declaró inocente de los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Lo investigan porque presuntamente habría entregado durante casi una década contratos estatales a personas vinculadas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln.
Lo anterior porque, según la imputación de la Fiscalía, Castillo Cisneros, durante sus dos períodos como gobernador (2012 – 2015 y 2020 – a la fecha) habría pactado un acuerdo financiero, a través de contratos estatales, con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz de ese grupo ilegal, para que continuaran con su actuar delincuencial, a cambio de logística y protección militar para su seguridad y desplazamientos por los municipios de la zona, para lo que se reunió con altos mandos del Eln en Arauca y Venezuela.
En la audiencia, la Fiscalía advirtió que se adelantan más de 60 investigaciones contra Castillo y que tan solo durante 2012 – 2015 entregó ocho contratos a Jhonny Alexander Bello Ortega, alias ‘El Gordo Johnny’, los cuales ascienden a 5.300 millones de pesos, por diferentes objetos como: estudios y diseños de vías, proyectos de espacio público e infraestructura educativa, entre otros, sin cumplir los requisitos legales y fueron manejados por la guerrilla para “financiar sus estructuras y mantener ese control territorial y social en la región”.
Además que durante ese periodo el mandatario habría recibido apoyo ilegal para ser elegido como gobernador, a cambio de millonarias sumas de dinero, así como porcentajes de la contratación del departamento, en donde incluso los campesinos y pobladores de Arauca eran movilizados por la guerrilla para que votaran por Castillo Cisneros en las elecciones regionales.
Se conoció, frente a esta investigación, que el gobernador de Arauca no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y en consecuencia se irá a juicio.
Lo que dice la Fiscalía
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, entre 2019 y 2021 “fue reconocido el poder político y económico de José Facundo Castillo al interior del Eln por parte de sus milicianos, quienes constantemente estaban al servicio de su seguridad personal y de la administración de las fincas de su propiedad, en atención a los acuerdos que existían entre ambas partes”.
Estos acuerdos consistían, según la Fiscalía, en la entrega de dinero entre 1.000 y 2.000 millones de pesos al ser electo gobernador y la participación del 10% del valor de cada contrato adjudicado, además de la entrega de información sobre el movimiento de las tropas y la desmilitarización de zonas para la realización de actividades ilícitas.
El ente acusador aseguró que adelanta una investigación por estos mismos hechos contra Ricardo Alvarado Bestene, antecesor de Castillo en la gobernación y quien también estaría involucrado en hechos de corrupción durante las tres últimas administraciones en ese departamento.
