La muerte de un niño de 13 años durante el bombardeo que se lanzó el 16 de septiembre pasado contra el campamento en Chocó de alias Fabián, cabecilla del Frente Occidental del Eln, durante el cual también cayeron otros 3 menores de 17 años, dejó en evidencia que este grupo ilegal está reclutando jóvenes para usarlos como escudos de guerra.
Su intención es que los menores hagan parte de los círculos de protección más cercanos a los cabecillas para evitar el accionar de la Fuerza Pública, aunque también los utilizan para labores domésticas, mandados y para cuidar los cultivos de uso ilícito que tienen en Chocó y en otros de los 22 departamentos en los que tienen desplegada su actividad ilícita.
Es por eso que la Fiscalía, con el apoyo de las instituciones del Estado, investiga en qué parte del Chocó se originó el reclutamiento de estos 4 menores (dos hombres y una mujer) que murieron durante el bombardeo a ‘Fabián’, quien fue hallado herido en la selva y llevado a un hospital de Cali; allí murió el 28 de septiembre.
Los cuerpos de los menores, que ya fueron entregados a sus familias –según quedó registrado en un documento de Medicina Legal conocido por EL COLOMBIANO–, avivaron las alertas por el recrudecimiento del reclutamiento por parte de grupos ilegales que, según la Defensoría del Pueblo, lo ha advertido 45 veces distintas este año.
Además, como se dijo, les da peso a las hipótesis del uso de menores de edad como escudos humanos cuando son combatidos por los militares. Esto también se sustenta en las cifras de reclutamiento forzado de niños, que en este 2021 –según lo documentado por Coalico (la Coalición contra la vinculación de menores al conflicto armado)– deja 36 eventos con afectaciones a 96 menores.
Los menores en las filas de las guerrillas, además, han sido usados para hacer limpieza, lavandería, entre otros, y los entrenan para formar las primeras líneas en combates, lo que le da a los demás ilegales margen de acción para responder a los ataques. Alejandro Eder, director del informe Infancia Reclutada, que da cuenta de los abusos contra niños en filas de las Farc, aseguró que lo sucedido con el ELN demuestra que se mantienen estas prácticas que atentan contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En todo caso, el de Chocó contra ‘Fabián’ es el segundo bombardeo ejecutado por la Fuerza Pública en el que se ha documentado la muerte de menores de edad durante la dirección de Diego Molano en el Ministerio de Defensa, posesionado el 7 de febrero de 2021. El anterior ocurrió en un operativo contra las disidencias de las Farc que lidera alias Gentil Duarte, en Calamar, Guaviare, en el que se confirmó la muerte de un menor de 16 años.
Molano había alertado que el Frente Occidental reclutaba a menores de edad, el día en que confirmó el saldo de muertos y defendió la legitimidad del operativo que acabó con la “cabeza visible del ELN en el occidente” del país.
“Debe cuestionarse a quienes cometen la práctica del reclutamiento forzado de jóvenes. En ese campamento se estaban planeando actividades terroristas contra los colombianos. Alias Fabián estaba ampliando su accionar y quería
extenderse del Chocó al centro del Valle”, dijo.
Además, las Fuerzas Militares advirtieron que el Eln está infringiendo el DIH, que prohíbe el reclutamiento de menores de 15 años, delito que además constituye un crimen de guerra en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Pero las alertas que generan las confirmaciones de menores muertos en combates también serían el motor para que los grupos ilegales insistan en su reclutamiento, con el argumento de que su tenencia en las filas frenará la ofensiva militar.
Defensores de los derechos de los menores, como Ana María Zapata Fraile, abogada de Coalico, insisten en que el problema de fondo es el tratamiento de combatientes que se le da a los niños muertos, cuando debería ser de víctimas, ya que desde el inicio el “operativo fue presentado como bastante exitoso porque se dio de baja a un cabecilla”.
Y a juicio del senador del Polo, Iván Cepeda, la Fuerza Pública estaría operando desconociendo los principios del DIH, razón por la cual pidió a Martin Kimani, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, que visite a Colombia para verificar la política de seguridad del Gobierno.
En dicha carta, conocida por EL COLOMBIANO, Cepeda resalta que la Fuerza Pública debería “elegir medios de combate en la realización de operaciones militares que no ocasionen daños evitables a población civil y víctimas del conflicto, como lo son los niños y niñas víctimas de reclutamiento forzado”.
Además, anunció que citará aMolano a debate de control político en el Congreso para que explique la ausencia del reporte de la muerte de los menores, que solo se confirmó por Medicina Legal
