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El exabogado de Uribe, ¿a punto de quedar en libertad?

Ante la juez 36 Penal de Bogotá, y por segunda vez en menos de 4 meses, la defensa del abogado Diego Cadena, investigado por presunta manipulación de testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe, pidió su libertad por vencimiento de términos.

La decisión será resuelta el próximo 13 de octubre. Ante el estrado, la abogada suplente de Cadena, Laura Kamila Toro, argumentó que han transcurrido 381 días desde la presentación del escrito de acusación, sin que se iniciara la audiencia de juicio oral.

La ley precisa que entre la radicación del escrito y el inicio del juicio no deben pasar más de 240 días. La abogada recordó que en junio pasado el Juzgado 22 Penal negó una solicitud similar al determinar que habían transcurrido 140 días desde la presentación de la acusación, descontando 100 a la defensa. Decisión que fue apelada y que, según ella no fue resuelta, pero que aún así ya se superaron esos 100 días restantes, por eso se acudió nuevamente al despacho.

En esa oportunidad, el citado juzgado argumentó maniobras dilatorias por parte de la bancada de Cadena. Toro se defendió y alegó que “no ha presentado ninguna maniobra de este tipo y no se puede catalogar de esa manera solicitar un descubrimiento completo y en debida forma”.

Así las cosas, concluyó que a los 381 días, que ya pasaron, se le deben restar los 100 que había dicho el Juzgado 22 y ordenar la libertad de su defendido, que permanece con el beneficio de casa por cárcel.

Aunque en junio pasado la Procuraduría se opuso a la libertad de Cadena, en esta ocasión cambió de opinión y respaldó la petición de la abogada Toro.

“Desde entonces ha habido una actuación permanente de la Defensa, en un caso que es complejo y consideramos que no encontramos actuaciones que puedan ser catalogadas como dilaciones y la complejidad del caso supera los términos que están establecidos en la ley”.

Por su parte, el fiscal del caso, Daniel Hernández, se opuso a esta petición y señaló que solo han transcurrido 141 días ya que para él sí hubo solicitudes que generaron aplazamientos innecesarios en las audiencias preparatorias de juicio. Este argumento fue compartido por la representante de víctimas.

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