Un nuevo round judicial acaba de perder el expresidente Álvaro Uribe, luego que el juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá negó que las interceptaciones telefónicas que se hicieron en su contra y en las cuales dialoga con su entonces abogado, Diego Cadena, sean ilegales, por lo que se pueden usar en el juicio.
La defensa del expresidente, liderada por el abogado Jaime Granados, había presentado un recurso con el que pretendía echar para abajo una decisión que ya las había declarado válidas.
En el recurso de apelación, la defensa del exmandatario y el delegado del Ministerio Público objetaron la validez de las interceptaciones telefónicas que fueron realizadas en 2018 a un teléfono erróneamente atribuido al representante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, en el marco de una investigación relacionada con el escándalo del Cartel de la Toga.
Las conversaciones interceptadas, que en realidad correspondían al expresidente Uribe y su abogado Diego Cadena, fueron posteriormente utilizadas en la medida de aseguramiento ordenada en 2020 por la Corte Suprema de Justicia y en la acusación presentada contra Uribe en mayo de 2024.
La defensa del expresidente argumentó que las interceptaciones fueron realizadas de manera ilegal y violaron el principio constitucional del derecho al secreto profesional entre abogado y cliente.
En este contexto, se solicitó que las pruebas obtenidas de estas interceptaciones no fueran tomadas en cuenta ni citadas durante el juicio. Además, se precisó que el abogado Cadena había recibido un poder de Uribe para verificar una información sobre ex paramilitares que habrían querido retractarse de sus declaraciones en su contra.
Argumentos con los que no estuvo de acuerdo el juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien argumentó que las interceptaciones telefónicas son acordes a lo que establece la ley, garantizando así la protección de los derechos Álvaro Uribe Vélez. Además, la califico de “estéril”.
El proceso comenzó en 2018, con una investigación que la Corte Suprema adelantaba contra el senador Iván Cepeda, luego de un debate de control político convocado por el político de izquierda.
Cepeda reveló testimonios de ex paramilitares que señalaban a Uribe por supuestos nexos con esos grupos armados ultraderechistas, principalmente en Antioquia.
En medio de esta investigación, los testigos comenzaron a retractarse, pero uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, manifestó por escrito que recibía presiones. La Corte en sus pesquisas descubrió que ese era un patrón que se presentaba en varias declaraciones, así que archivó su indagación contra Cepeda e inició una contra Uribe.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema siguió su curso, llamó a Uribe a indagatoria en 2019 ante el magistrado César Reyes y en agosto de 2020 ordenó detener al exsenador de manera preventiva en su residencia.
El paso siguiente era acusarlo, pero antes de que eso ocurriera Uribe renunció al Congreso, así que su expediente pasó a la Fiscalía.
Contrario al alto tribunal, la Fiscalía intentó cerrar el caso. La primera solicitud llegó por cuenta del entonces coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes, jefe de Villarreal, y la segunda, por el fiscal Javier Cárdenas.
Dos juezas le negaron la preclusión a Jaimes y Cárdenas, quien apeló y recibió otra negativa del Tribunal de Bogotá. Una vez se dio el cambio de fiscal solo la puerta del juicio quedó abierta para el expresidente.
Además de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la Fiscalía en la última audiencia anunció que también lo investigara por el delito de soborno.
Ese delito está vinculado al caso de la exfiscal condenada Hilda Niño, a quien al parecer se le habría ofrecido un soborno por parte del abogado Diego Cadena.
