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El pedido de organizaciones a grupos armados para el rescate de cadáveres en Catatumbo

“Que permitan el acceso humanitario, hay mucha gente que está en condiciones extremas de sufrimiento inaceptable y que están vulnerando todas las normas de protección”, exigió la defensora.

En las últimas horas, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, llegó a Ocaña para verificar la situación de orden público y vulneración de derechos frente a la situación que se vive en el Catatumbo.

Tras el análisis de la situación, la defensora aseguró que recibió una petición directa de las organizaciones sociales del Catatumbo para que interceda ante los grupos armados con fines humanitarios.

“Me comprometo a transmitirla formalmente al Estado Mayor de los frentes 33 de las extintas Farc y el Eln. Respaldo esta solicitud por la vulneración muy seria al derecho internacional humanitario y un irrespeto a la vida de personas que están en situación de vulnerabilidad”, señaló la defensora.

Entre los requisitos de las organizaciones sociales está el rescate de los cuerpos asesinados, ya que señala la defensora que “no hay garantías y solo algunas entidades pueden ingresar”.

Agrega que se tienen reportes de más de 80 personas fueron asesinadas, pero que los cuerpos “ni siquiera se puede saber dónde se encuentran para rescatarlos” y otros no han sido identificados.

“Que permitan el acceso humanitario, hay mucha gente que está en condiciones extremas de sufrimiento inaceptable y que están vulnerando todas las normas de protección”, exigió la defensora.

Según declaró Marín, también se tienen números “muy altos” de miles de personas entre las cuales están mujeres embarazadas, niños, personas mayores, con discapacidad, quienes han sido desplazados huyendo por la guerra o se encuentran confinados esperando ayudas.

Tras el análisis de la situación, la funcionaria señaló que es necesaria la presencia integral del estado control territorial, esto porque señala que durante años “la respuesta estructural ha sido aplazada con el cumplimiento del acuerdo de paz y la presencia integral del estado que no ha estado por años en este territorio”.

La carta dirigida al Eln y las disidencias que fue firmada por 93 organizaciones sociales, exige la protección y respeto a las comunidades y “se establezca un cese inmediato de las intimidaciones, hostigamientos, asesinatos, y amedrentamientos en contra de la población”.

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