Según Lara, lo que se busca es establecer en Colombia un marco regulatorio que desincentive las demandas de carácter civil que impliquen acoso judicial. “Esta iniciativa se conoce como ‘anti-SLAPP’ (por la sigla en inglés que corresponde a Strategic Lawsuit Against Public Participation, Litigio Estratégico Contra La Participación Pública en español) y refuerza las garantías a los periodistas y medios de comunicación con el fin de que puedan llevar a cabo su trabajo de control social con plenas garantías”, indicó.
Plantea además que “esta es una iniciativa con una profunda inspiración democrática. Tenemos que fortalecer la protección a los periodistas para evitar que algunos poderosos utilicen los mecanismos judiciales como instrumento de intimidación. Cuando se calla a un periodista, se coarta también a la sociedad en su derecho a informarse de manera veraz e imparcial; esto vulnera la democracia. Nuestro sistema debe favorecer y apoyar estas libertades”.
Se prevé, según el articulado, que los procesos contra periodistas o comunicadores se realicen o bien en el lugar de residencia del demandado o de manera virtual, de manera que no se utilicen para obligar a los periodistas a incurrir en desplazamientos y gastos de transporte. Finalmente, facultará a la Fiscalía para archivar los procesos que se inicien con base en la persecución evidente contra el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
