El abogado Steven Alexis López Ahumada, de 34 años, permanece bajo pronóstico reservado en un centro asistencial en Cartagena, tras ser baleado en un atentado perpetrado aparentemente por sicarios en moto en la noche de este martes 29 de octubre en las afueras de una discoteca en el barrio Blas de Lezo, justo en la carrera 62.
El ataque a bala contra López Ahumada ocurrió a las 7:15 de la noche, en momentos en que la víctima estaba en la terraza del inmueble coordinando unos trabajos en ese negocio que es de su propiedad.
Tal parece, dicen las versiones de testigos, que el sicario llegó en una moto al lugar, caminó unos metros y sigilosamente se acercó a donde estaba su víctima, disparándole a quemarropa y sin mediar palabras.
El abogado recibió un impacto en el rostro, cerca del pómulo, y de inmediato fue trasladado a una clínica, en donde aún es atendido con constante observación médica luego de ser sometido a una delicada cirugía. El pistolero aprovechó la confusión para escapar como parrillero en la moto.
La Policía Metropolitana se pronunció este miércoles en la mañana sobre este atentado e informó que “a las 7:25 p. m. ingresa a un centro asistencial una persona, de 34 años de edad, quien presenta una herida por arma de fuego, donde se encuentra bajo observación médica. Los hechos son materia de investigación”.
Reacciones al atentado
El abogado y veedor ciudadano Erick Urueta Benavides, se pronunció y, al lamentar este nuevo ataque contra los profesionales del derecho, volvió a hacerle un llamado al Gobierno Nacional, para que preste la colaboración para Cartagena sea una ciudad segura, tranquila y que el fenómeno del sicariato no le gane terreno a las autoridades.
“No es la primera vez que se atenta en la ciudad de Cartagena contra el gremio de abogado. Recordemos el asesinato de Carlos Morales y varias acciones en contra del gremio de abogados y en especial aquí en Cartagena. Hoy tenemos a este abogado con pronóstico reservado, no sabemos el estado en que está; esperemos y estamos confiados en Dios que se salvé de esta situación”, anotó Urueta Benavides.
El veedor también aseguró que muchas veces, cuando suceden este tipo de situaciones, las autoridades justifican diciendo que la persona tenía antecedentes o que la persona tenía anotaciones judiciales, “como si eso fuera un aliciente o si eso fuera un paño de agua tibia para ponerle un tapón o para ponerle un manto a lo que en realidad deben estar haciendo las labores investigativas, las labores de prevención de persuasión y disuasión de la Policía frente a las actividades criminales”.
Dijo también que si “realmente si tenía anotaciones judiciales o no las tenía la labor de la Policía es investigar, la labor de la Policía da resultado conjuntamente con la Fiscalía, pero aquí lo que vemos también es que la Fiscalía, con base a estas anotaciones judiciales, lo que pasa es archivando los procesos y lo que pasa es diciendo que haya atipicidad y que son unas meras amenazas injurias o calumnias cuando se anuncia tentar contra una persona”.
Urueta Benavides finalizó diciendo que varios líderes y abogados de la ciudad “hemos decidido agotar ya todas las instancias internas en el país para acudir a la justicia internacional. Estamos redactando una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para resolver ese tema a nivel internacional”.
¿Quién era el abogado Carlos Morales?
En sus declaraciones sobre el atentado contra Steven Alexis López, el veedor Erick Urueta se refirió al asesinato del también abogado Carlos Enrique Morales Solano, de 38 años y conocido popularmente como ‘el Metralleta’.
Ese homicidio ocurrió el 31 de mayo de 2022 en el barrio Canapote, en donde desconocidos que se desplazaban en motocicleta dispararon contra el abogado Morales Solano, quien vivía en la Urbanización El Virrey, pero se crió en El Campestre. Le decían ‘el Metralleta’ por su agilidad a la hora de resolver casos judiciales.
Ese mismo día del atentado, la Policía capturó al presunto sicario que disparó contra el abogado, en una intensa persecución que extendió al barrio Lo Amador. Por estos hechos la Fiscalía imputó al presunto responsable con los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, ninguno de los cuales fue aceptado.
