Luis Manuel ‘Mane’ Díaz estuvo secuestrado desde el 28 de octubre hasta el 9 de noviembre. El inevitable y abundante espacio mediático que recibió su retención permitió que todo el mundo se volcara en un rechazo con pocos precedentes en un país en el que la violencia está tan inveterada.
La connotación del caso luego llevó a ese mismo país indignado a reflexionar. Por un lado, la delegación del Gobierno en los diálogos con el Eln acogió el parar los secuestros como un requisito sine qua non para continuar las negociaciones, algo que respalda la Defensoría del Pueblo, pero que el comandante guerrillero ‘Antonio García’ rechazó con palabras destempladas.
Por otro, llevó a la ciudadanía a intentar pensar en la cantidad de personas que permanecen en cautiverio, alejadas de sus familias. El dato oficial, no obstante, no parece mostrar algún tipo de consistencia.
Dentro de la misma Mesa de Diálogos existe disenso. Mientras el negociador de parte del Gobierno José Felix Lafaurie afirmó que el número de personas secuestradas en manos del Eln es de 19, el jefe del equipo, Otty Patiño, aseguró que son treinta. Fuera de ese órgano deliberante, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, dijo que son 32.
De la lista de secuestros, al menos 20, de acuerdo con varios medios de comunicación, son verificadas por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Es el caso, por ejemplo, de Alexis Chochó y Geler Lizalda, que ocurrió el 2 de agosto, cuando empezó el cese al fuego entre el Gobierno y el Eln.
En su momento, comunidades de Chocó contaron que los dos líderes sociales fueron subidos por personas desconocidas a una lancha y llevados a un destino incógnito. Una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal y las Naciones Unidas permitió su liberación el 13 de septiembre.
Suerte diferente corrió el fiscal de la Junta de Acción Comunal del barrio Nuevo Jordán de Arauquita, Arauca, Dumar Romero Mejía. De acuerdo con el medio regional Llanera.com, en la tarde del 10 de agosto hombres armados llegaron hasta su vivienda y se lo llevaron con rumbo hasta hoy desconocido.
“Rechazamos el secuestro de Dumar Romero Mejía, fiscal de la Junta de Acción Comunal de Nuevo Jordán, en Arauquita. Su familia reporta que hombres llegaron hasta su vivienda y se lo llevaron. Pedimos a quien lo tenga en su poder respetar su vida e integridad”, apuntó la Defensoría del Pueblo el mismo día de su rapto, cuando, además, ofreció sus canales humanitarios.
En todo caso, los hechos que investiga el Mecanismo de Monitoreo se basan, por demás, en presunciones sobre posibles autores, información sin constatar del todo. Por eso, entidades como la Defensoría o la Fundación Ideas para la Paz (FIP), a pesar de que llevan un conteo que muestra el crecimiento exponencial del fenómeno del secuestro desde 2019, no pueden señalar a los captores.
“Hay un conjunto de secuestros que no se conocen, uno, porque no llegan a prensa, y dos, porque no se denuncian”, explicó Tatiana Prada, investigadora de conflicto y violencia organizada de la FIP.
“Las cifras oficiales también pueden tener vacíos, porque dependen de la denuncia. Entonces, como en muchas otras formas de violencia, no solo con el secuestro, depende de la familia de la víctima y el manejo que se le da al tema. Muchas veces, la gente, por temor, no denuncia, o denuncia y no llega a la prensa”, añadió la experta.
Las cifras registradas por la FIP indican que entre agosto del año pasado y julio de este año hubo un incremento del 77 % en el número de secuestros, algo que califican como “un comportamiento preocupante”.
Los datos muestran que entre agosto de 2014 y julio de 2015 se produjeron 226 secuestros. Ese número fue disminuyendo hasta llegar a los 83 en el mismo periodo de 2019 y 2020. Luego, a partir de agosto de 2020, el crecimiento ha sido sostenido hasta llegar a 273 entre agosto de 2022 y julio de 2023.
El lugar donde secuestraron al líder Dumar Romero, Arauca, es el departamento en el que más se han presentado secuestros en lo que va del año: 55 casos. Uno de ellos recibió un llamado de atención de parte de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia luego de la liberación de ‘Mane’ Díaz.
Se trata de Jeffren Steven Hormanza, desaparecido el 5 de noviembre en zona rural de Tame. “El respeto y garantía del derecho a la vida, libertad e integridad de la población civil debe primar tanto en tiempos de paz como de conflicto armado interno. Exigimos cumplimiento de #DDHH y #DIH en #Arauca”, publicó la ONU en su cuenta de X.
En Arauca, donde la Defensoría del Pueblo ha emitido al menos catorce alertas tempranas desde enero de 2018 —basándose en la presencia de actores armados, incluyendo al Eln—, se cometió a mitad de agosto el plagio contra el firmante de paz José Angarita Albarracín, quien tiene una discapacidad. Otro de los casos elevados al Mecanismo de Monitoreo.
La persistencia del secuestro dentro del conflicto armado colombiano, aun en tiempos en los que se busca una hasta ahora maltrecha ‘Paz Total’, está arraigada con la búsqueda de poderío y de financiación por parte de los grupos armados ilegales.
“Como modalidad de violencia, funciona para hacer control poblacional. Tú generas con un secuestro un mensaje contundente, no solo a la persona secuestrada y a la familia, sino a una comunidad. Entonces, funciona en clave de algo que les interesa mucho a los grupos armados, que es consolidar su control en las comunidades y en los territorios”, expone Tatiana Prada.
Asimismo, las retenciones funcionan como modo de costeo. La Defensoría asegura que es una financiación ilegítima que socava todo concepto de humanidad, y Prada menciona que “en la mayoría de los casos el uso que se le da al secuestro es económico, a cambio de una extorsión”.
“No es que sea algo nuevo. También ocurría hace veinte y veinticinco años, pero ahora se sigue dando en el marco de los diálogos. En lo que respecta a los grupos armados, han construido una historia detrás del secuestro, una justificación del secuestro que no convence a la ciudadanía ni al Gobierno”, sostuvo la investigadora.
Tatiana añadió que la delegación del Gobierno en los diálogos con el Eln se equivocó al pensar que poner sobre la mesa el tema del secuestro “era una conversación fácil”, pues se trata, en realidad de “un punto muy difícil para llegar a un acuerdo”.
“Posiblemente, en aras de darle sostenibilidad y duración a la Mesa, se siguió como evadiendo el tema, en vez de ponerlo como una línea roja, para no hacer que la Mesa colapsara. El error en sí fue pensar que se podría seguir posponiendo esa conversación”, subrayó.
La investigadora de Ideas para la Paz destacó que el crecimiento del secuestro se ha producido mayormente en zonas en las que los grupos armados, como las disidencias o el Eln, están en conflicto entre sí, más que en lugares de enfrentamientos con el Gobierno.
Además, un factor clave que incidió en el crecimiento de las áreas riesgosas y en el número de sucesos fue la desmovilización de las antes Farc, que dio lugar luego al rearme de algunos grupos y a la búsqueda de control en el territorio que históricamente les pertenecía, a partir de un reposicionamiento.
Fuera del secuestro, las modalidades de violencia y el impacto humanitario, que han crecido también con los años, muestran un incremento en crímenes como el confinamiento o el desplazamiento. Ese punto exhibe “una violencia muy masiva”, de acuerdo con Prada.
El punto, sobre todo, es que aún faltan personas. Aún faltan familiares cuyo retorno es anhelado por varias comunidades, aunque su cantidad exacta permanezca fríamente indefinida. Sin su liberación, no se podrá construir “un país más bonito”, como el que espera Luis Manuel Díaz, según lo que dijo en sus declaraciones después de permanecer doce días privado de su libertad.
