La excongresista Argenia Velásquez Ramírez deberá pasar 128 meses en prisión. La Corte Suprema de Justicia encontró que la entonces funcionaria le cobraba la mitad de los salarios a los profesionales que decidían trabajar con ella en su Unidad de Trabajo Legislativo.
“Por exigir la mitad del salario mensual a una integrante de su UTL, la Sala de Primera Instancia condena a 10 años y 8 meses de prisión en centro carcelario a la exrepresentante a la Cámara por el Putumayo, Argenis Velásquez”, señaló el alto tribunal en un comunicado.
La exfuncionaria estuvo en el capitolio entre 2014 y 2018. Llegó al Congreso como representante de la bancada Liberal en el departamento del Putumayo. Fueron 9.430 las personas que confiaron su voto en ella.
La denuncia en su contra por el delito de concusión se remonta a un escrito anónimo. En él, los profesionales de su UTL denunciaron que, mes a mes, le entregaban al esposo de la congresista la mitad de sus salarios. Aseguraron que sentían que la representante “abusó de su cargo y de su poder político”.
Es que la UTL es un equipo de profesionales, a veces expertos en distintas materias, que sirven de asesores en las decisiones que toman los congresistas. Sus sueldos corren por cuenta del Estado y no del senador o representante.
Una de las víctimas se identificó en el proceso como Nohora Mercedes Rojas Benavides. La mujer contó que en febrero de 2016 trabajó para la UTL de la liberal y que el esposo de la representante, Edwin Harvey Chávez Jojoa, le exigía la suma mensual de 3.2 millones de pesos.
La presión continuó hasta octubre de ese año y en los bolsillos de la congresista ya había 25.600.000 de pesos. Nohora se reveló ante la ilegalidad y dijo que no continuaría aportando el dinero: el 24 de enero de 2017 la echaron de su cargo.
“Argenis Velásquez olvidó que los miembros del Congreso representan al pueblo y han de actuar consultando la justicia y el bien común, conforme con el mandato consagrado en el artículo 133 de la Constitución Política, a cambio dirigió su voluntad para sus fines personales al exigir sumas dinerarias a una de sus dependientes”, sentenció la Corte Suprema.
La excongresista también quedó inhabilitada por 104 meses para ocupar cargos públicos, deberá pagar una multa de 99 salarios mínimos mensuales de la época e indemnizar a su víctima con 57 millones de pesos. También le negaron el beneficio de la prisión domiciliaria.
