Mientras que en el país hay 43 medicamentos en desabastecimiento y otros 18 en riesgo de desabastecerse, una red criminal que operaba desde Bogotá y Barranquilla se dedicaba a expender ilegalmente estos fármacos –pero vencidos– para tratar enfermedades como el cáncer, el VIH y la artritis.
Se trataba de una banda integrada por 13 personas, cuyos tentáculos llegaron a afectar clínicas, hospitales, hogares geriátricos y proveedores en cuatro departamentos (Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Cauca) y la capital de la República. Cuatro eran sus cerebros, quienes aprovechaban sus cargos de poder desde farmacéuticas e instituciones prestadoras de salud (EPS) para distribuir los medicamentos ilegales.
Según la Fiscalía General de la Nación, la cúspide del mapa criminal de esta banda estaba encabezada por los representantes legales de dos farmacéuticas, quienes se encargaban de almacenar y vender los fármacos vencidos o descompuestos que adquirían ilegalmente y a los que les modificaban datos esenciales como las fechas de vencimiento, lotes de fabricación y registros para darles apariencia de confiabilidad.
Le siguen en la organización delincuencial, la coordinadora de una comercializadora de productos farmacéuticos y la gerente de compras de una institución prestadora de salud (IPS). Esta última sería la encargada de comercializar e intercambiar los medicamentos, a través de sus contactos con centros asistenciales y Entidades Promotoras de Salud.
En la base de esta banda estarían nueve personas a las que la Fiscalía señala de participar en la obtención, transporte, alteración y almacenamiento de las medicinas, entre otros aspectos logísticos.
Sin embargo, este entramado criminal no se habría puesto en marcha si no fuera por el pago de sobornos con el que se habría aceitado, labor que estaba en manos de dos personas, que se encargaban de conseguir de esa manera las licencias y los registros necesarios para importar tratamientos.
Las personas fueron capturadas en medio de operativos realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación, el Gaula Militar, peritos especializados y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en el que se incautaron 800 kilos de medicamentos fraudulentos.
Así mismo, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir; usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales; corrupción de alimentos, medicamentos o material profiláctico; enajenación ilegal de alimentos y cohecho por dar u ofrecer.
En audiencia de imputación de cargos, la fiscal del caso narró cómo estos personajes contactaban e inducían a pacientes con enfermedades graves para gestionar ante sus EPS “la entrega y aplicación de medicamentos de alto costo a través de tutelas” para que después, con intermediadrios, entregarles los productos en mal estado y modificados.
De los imputados, cuatro aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Actualmente, datos del Invima señala que la cifra de medicamentos vitales no disponibles es de 116.
Causas de la escasez de medicinas
En una respuesta oficial brindada a El Colombiano, el Invima reconoció que las principales causas y las más frecuentes que identificaron del desabastecimiento de medicamentos en el país, son las dificultades en la obtención de la materia prima, las dificultades logísticas, el aumento en la demanda, los pocos oferentes, la descontinuación del producto y la modificación del estado de los registros sanitarios a temporalmente no comercializado.
