La Superintendencia Nacional de Salud ordenó este viernes la intervención forzosa administrativa de Savia Salud, la EPS más grande del régimen subsidiado en Antioquia y de la que dependen más de 1,6 millones de afiliados de 124 municipios.
La decisión se da por cuenta de las “graves y reiteradas fallas en la atención” a sus usuarios y “el manejo de los recursos públicos del sistema de salud”, según expresó esa dependencia en un comunicado, añadiendo que la medida implicará que el Gobierno Nacional asumirá el control de esa empresa mixta y tomará “posesión inmediata” de sus “bienes, haberes y negocios”.
Esta intervención se produce tras de más de cinco años de incertidumbre, luego de que el 4 de agosto de 2017 ese ente adoptó una medida de vigilancia especial sobre la EPS, buscando que resolviera problemas en la prestación de sus servicios y, sobre todo, mejorara su balance financiero.
La última extensión de esa medida se produjo el pasado viernes 27 de enero, cuando se venció la última prórroga y en la red hospitalaria cundió el nerviosismo por el riesgo de una posible liquidación de la entidad.
Y es que según las cifras de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, la EPS acumulaba una deuda con la red hospitalaria de $394.910 millones con corte al primer semestre de 2022, cuyo pago habría quedado en vilo en caso de liquidarse.
Aunque en enero pasado, la gerencia de esa EPS señaló que esperaba poder mejorar su situación financiera, la intervención ordenada por el gobierno da cuenta de que los indicadores no lograron enderezarse.
“La ejecución del modelo de salud en la EPS no ha logrado mejorar los indicadores de salud pues se evidencia el deterioro de los mismos, así como el riesgo de incrementos en el costo de los servicios por las fallas en las acciones, especialmente en el primer nivel de atención, relacionadas con prevención y detección temprana de la enfermedad”, expresó el ente de vigilancia.
Finalmente, la Supersalud añadió que Edwin Carlos Rodríguez Villamizar fue designado como el agente especial interventor y se espera que en los próximos 30 días se presente un plan de trabajo en el que se proyecte como mejorar las finanzas de la EPS y garantizar la prestación de los servicios a sus afiliados.
