El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha tomado algunas acciones destacadas para la adopción e implementación de energías verdes en Colombia. Uno de los pasos más importantes fue la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que aunque este fue criticado, expertos aseguran que establece políticas públicas para la transformación productiva del país y promueve una transformación energética progresiva.
“Aunque falta todavía definir una hoja de ruta más detallada, este plan es un avance significativo hacia el cumplimiento de metas en materia de desarrollo sostenible y energías verdes. El Plan Nacional de Desarrollo también establece objetivos más específicos para la adopción de energías limpias, ya que propone aumentar la generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía renovable durante el cuatrienio”, señaló Juan Camilo Campos, socio de Auditoría y líder de la industria de recursos naturales y energía de BDO en Colombia.
La transición hacia las energías verdes en Colombia ha requerido un enfoque gradual debido a la complejidad de su ejecución. Una de las principales urgencias es asegurar consensos sobre cómo llevar a cabo esta transición con el sector privado. Aunque el gobierno muestra intenciones en avanzar en este proceso, se requiere tiempo y esfuerzo para lograrlo.
“El Ministerio de Minas y Energía anunció que el plan de actuación sobre transición energética justa se concluirá solo hasta febrero de 2024, hecho que no ocurrió en mayo de este año como se pronosticó en la pasada COP27 en Egipto”, afirmó el experto.
De acuerdo con el análisis de la firma, el país enfrenta desafíos importantes, que incluyen la financiación de una matriz energética más limpia y la diversificación de la demanda de energía. Por ejemplo, hoy el sector del transporte, que representa el 41 % del consumo energético, depende en su mayoría (95 %) de combustibles fósiles, y se estiman que las inversiones en la producción de energía limpias superarán los cuarenta mil millones de dólares en los próximos años, lo que dinamizará la economía y brindará oportunidades de inversión extranjera.
Sobre los sectores que ganan y pierden con la transición energética que lidera el gobierno, Campos asegura que la industria de hidrocarburos es un generador de ingresos muy importante para el país, y seguirá siéndolo por un buen tiempo. Sin embargo, sectores como el de la minería se están viendo afectados por la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta, lo cual, según algunos analistas, puede representar una carga muy alta que desestimula la inversión.
“El sector minero–energético ha representado el 7 % del PIB nacional, genera el 33 % de la inversión extranjera, el 56 % de las exportaciones y aporta con más de quinientos mil empleos formales. Es crucial que se asignen nuevas áreas de exploración, ya que no se puede depender de recursos contingentes sobre los cuales en el largo plazo no se tiene certeza de su extracción. Lo importante es mantener la soberanía energética, ya que ningún país, y menos en desarrollo, quisiera importar hidrocarburos, cuando estos se encuentran en su subsuelo. Al final, no importa tanto quién extraiga el combustible fósil, sino dónde y cómo se consume”, señaló Campos.
Se requiere un compromiso firme del gobierno y del sector privado para seguir una hoja de ruta detallada que establezca fuentes de financiación, plazos y estrategias claras. Para 2050, según el Plan Energético Nacional, se propone una reducción significativa de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, para acelerar el proceso, se estima que el país deberá invertir al menos el 1,2 % del PIB anualmente.
