Pasaron 168 horas exactas entre el momento en el que el coronel Óscar Darío Dávila Torres le escribió una carta a la Fiscalía para ponerse a disposición de los investigadores que llevan el expediente por el escándalo de las chuzadas a dos exempleadas de Laura Sarabia –la caída jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro– y en el que lo encontraron muerto a pocos metros de la misma dirección que había notificado como su lugar de residencia.
Su vivienda, ubicada en el apartamentos 703 de una unidad residencial del barrio Nicolás de Federmán, en el occidente de Bogotá, fue inspeccionada por agentes del CTI que realizaron el levantamiento del cuerpo y se llevaron todo el material que consideraron clave para la investigación de por qué terminó muerto dentro de su propia camioneta el uniformado que al parecer sabía quién dio la orden de interceptar por 10 días los teléfonos de Marelbys Meza y Fabiola Perea, extrabajadoras de Sarabia.
El vehículo, un Nissan gris de placas FWX-914 de Manizales –asignado a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía–, fue hallado con el cadáver del oficial pasadas las 7 de la noche y en él, además del cuerpo, estaba un arma.
Por eso, según el reporte preliminar de los primeros agentes que llegaron al sitio, podría tratarse de la escena de un suicidio; e, incluso, el presidente Petro, en un trino en el que expresó su pésame, ratificó este sábado la tesis de que el uniformado se habría quitado la vida y que su escolta, quien se había bajado a comprarle una botella con agua, lo encontró con un tiro en la cabeza. Esto mismo lo ratificó el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Pero hasta tanto no salga el informe de Medicina Legal no se puede concluir la causa real de la muerte.
El misterio que rodea el fallecimiento de este oficial, con más de 20 años de servicio activo y, entre otros reconocimientos, con una medalla impuesta en 2010 por el entonces presidente Álvaro Uribe, no es menor. Incluso, este mismo viernes había despedido a su familia en el aeropuerto de Bogotá. Y en su carta dirigida al fiscal General, Francisco Barbosa, del 2 de junio y con papel membreteado de la Presidencia de la República, le notifica que en su condición de jefe de la oficina de Coordinación Anticipada de la Casa de Nariño está dispuesto a declarar cuando sea requerido por el polígrafo que se le practicó en enero a Meza, en un edificio contiguo a Palacio, y por las chuzadas a las dos extrabajadoras de la exjefa de Gabinete.
Por cuenta de su cargo como líder de esa dependencia, que trabaja en llave con Casa Militar –desde donde se coordina la seguridad del Presidente y de su círculo cercano y está bajo la batuta del coronel Carlos Feria Buitrago–, sabía al detalle por qué aparecieron intervenidas las líneas telefónicas de dos empleadas de una de las mujeres con más poder en el Gobierno y quien había denunciado el robo de dinero en efectivo en su residencia privada.
Y ahí sale un hilo conductor. Este oficial, a quien en todo caso la Fiscalía aún no había llamado oficialmente a declarar, se desempeñó justo antes de llegar a trabajar en la seguridad presidencial en una de las llamadas Comisiones Investigativas contra el Crimen Organizado (Cicor) de la Policía. Y lo hizo en la que está identificada como la número seis y que tiene su centro operativo para Medellín y Urabá.
Ese dato es clave porque esa dependencia de inteligencia hace seguimiento a varios focos de criminalidad de la región y, entre ellos, está el Clan del Golfo. De hecho, bajo los alias de ‘la Madrina’ y ‘la Cocinera’ es que los teléfonos de Meza y Perea, respectivamente, aparecieron intervenidos entre el 30 de enero y el 10 de febrero pasados. Y todo dentro de un proceso de seguimiento a movimientos del ya asesinado Wilmer Giraldo, conocido como ‘Siopas’ y quien fuera el segundo al mando de ese narcogrupo criminal.
Un agente de la Dijin le hizo saber a la Fiscalía que los abonados telefónicos fueron entregados por una fuente humana que previamente les había dado información valiosa sobre los movimientos del Clan en el Chocó, pero que al tercer día se percató de que esos números no eran de criminales y pidió su baja. Sin embargo, y ahí hay un cruce de versiones, el de 3 febrero este uniformado solicitó frenar las interceptaciones, pero no se adelantó ese proceso, sino que se mantuvo hasta el 10 del mismo mes: la Policía dijo que fue culpa de la Fiscalía y desde el ente acusador aseguraron lo contrario.
EL COLOMBIANO estableció que, por estos mismos hechos, fue interrogado en Quibdó (Chocó) el fiscal 192 de la Dirección Contra el Crimen Organizado, Oscar Fernando Gutiérrez, por haber sido el que autorizó las interceptaciones. Se supo que sus palabras giraron en torno a que fue un agente de la Dijin el que le pidió que se diera la orden de ejecutar la chuzada y que ese uniformado, cuyo nombre se mantiene en reserva, aseguró que los números venían de una fuente humana que ha estado infiltrada en el Clan del Golfo. La pregunta, de acuerdo con investigadores, es ¿por qué las líneas de dos empleadas terminaron en manos de un informante que se mueve por la región chocoana?
A toda la novela, que para ese momento se conocía en la prensa como la denuncia de un robo de unos 7.000 dólares en la casa de Sarabia, y por la que se habían ordenado polígrafos y cambios en el esquema de seguridad de la aún jefa de Gabinete, se le sumó para esas fechas un ingrediente que también toca con el fallecido coronel Dávila.
Este uniformado –a quien la familia presidencial conocía por su trabajo en la Casa de Nariño– ya era el encargado de liderar la oficina de seguridad que tiene Palacio en el piso 13 de un edificio de la Dian ubicado a cuadra y media de la Presidencia. En esa oficina, que funciona hace 8 años, pero cuya existencia se mantenía en secreto, presuntamente se realizaron las copias espejo de los celulares de las dos exempleadas de la que fue hasta hace poco la mano derecha de Petro y de otros integrantes del círculo íntimo de Sarabia, en especial de su esquema de seguridad.
Ese procedimiento, de acuerdo con las tesis que aparecen en los expedientes judiciales, se realizó sin una orden judicial previa y por lo tanto podría configurarse en un delito. Además, desde esa oficina se hacían perfilamientos de seguridad y se controlaban los pasos necesarios para salvaguardar la integridad del Presidente, su familia y su equipo de trabajo. Por eso, apareció en todo este escándalo.
Eso motivó que esta semana arribaran 20 agentes del CTI de la Fiscalía para inspeccionar ese piso 13 de la Dian, con el fin de obtener copia de todos los equipos que allí están alojados y de los archivos que tienen. De hecho, fuentes extraoficiales indicaron que ahí se detectó el rastro de los teléfonos de Marelbys Meza y Fabiola Perea.
Y aquí vuelve a aparecer el fallecido coronel Dávila. Fue precisamente él, en su calidad de coordinador de las actividades que allí se realizan, quien atendió la diligencia judicial y recibió a los agentes de la Fiscalía. Y unos días antes, cuando el ente investigador inspeccionó el edificio que está al frente de la Casa de Nariño y donde funciona el polígrafo de Palacio, este oficial también estuvo enterado de todo.
“Aquí tenemos la línea de tiempo: el 30 de enero se asignó la noticia criminal en Bogotá, ese mismo día se inventan un informe de policía judicial para interceptar ilegalmente en una investigación del Clan del Golfo cuyo único propósito era escuchar a la empleada que le ayudaba por días a Laura Sarabia y a la niñera”, dijo sobre todo esto el fiscal Barbosa en una reciente declaración pública hecha desde el búnker y rodeado de la cúpula de su entidad.
El nombre del oficial Dávila también apareció mencionado en otras dependencias judiciales, como la Procuraduría, que indaga disciplinariamente a Sarabia y desde donde se pidió una inspección a las actuaciones de la Fiscalía y a las mismas salas de interceptación de la Dijin. Es en esos reportes del ente acusador, de los que ahora tienen copia en el Ministerio Público, en los que figura que el hombre que atendió a los agentes del CTI que hicieron las diligencias en las dependencias de la Casa de Nariño fue el coronel Dávila.
Eso sí, según un oficio de la oficina delegada para la Fuerza Pública, también debe declarar el general José Luis Ramírez Hinestroza, jefe de la Dijin. En paralelo, no se descarta que la Fiscalía, que ya indaga a un intendente y a tres patrulleros expertos en análisis de comunicaciones, lo llame también para escuchar su versión. A esos nombres también se suman un mayor identificado como Jhon Jairo López, de la Dirección de Crimen Organizado de la Dijin, y la general Olga Salazar, quien ya dijo que no sabía nada de las chuzadas, pero estaba al frente de la Dijin cuando se impartieron las órdenes.
De hecho, este mismo viernes y unas 6 horas antes de que en el barrio Nicolás de Federmán se escuchara un disparo que, tras las pesquisas, se supo fue el que terminó en la cabeza del oficial Dávila, uno de estos últimos uniformados se negó a declarar ante la Fiscalía. Dijo, a través de su defensa, a cargo del penalista Miguel Ángel del Río, que había personas extrañas al despacho que no le brindaban garantías.
Si bien no es la primera vez que estos policías se acogen a su derecho de guardar silencio, de acuerdo con Del Río el coronel Dávila sí quería dar su versión. Incluso, aclaró que la carta del fallecido oficial al fiscal Barbosa está fechada del 2 de junio, pero que el sello de radicación es de tres días después, del día 5 del mismo mes.
Pero como nunca se supo realmente qué tipo de información quería entregar Dávila a la Fiscalía, ni si en verdad estaba en disposición de contar la trazabilidad de cómo aparecieron las líneas de dos humildes trabajadoras en un expediente contra el Clan del Golfo, la Fiscalía mantiene las investigaciones y no se descarta que ahora el llamado pueda ser el coronel Feria, de Casa Militar –que tiene adscritas unas 700 personas– y cercano al oficial hallado muerto.
A este último, según fuentes extraoficiales, se le vio inquieto en los últimos 7 días, aunque nunca dejó de acudir a su lugar de trabajo y de cumplir con sus tareas. Por eso, sobre la tesis del posible suicidio que se ventiló la misma noche del viernes hay inconsistencias, e incluso hay un reporte que se verifica en torno a que supuestamente su cuerpo se encontró con dos disparos.
En todo caso, es el ente acusador el que debe realizar las indagaciones necesarias y esclarecer, como lo pidió el general William Salamanca –director de la Policía–, las circunstancias concretas en las que perdió la vida este oficial que cumplía labores de inteligencia en la Casa de Nariño que administra hace 10 meses Gustavo Petro.
Además, la misma Fiscalía abrió este viernes un expediente penal para saber si la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro tuvo algún tipo de financiación irregular, como lo señalan unos audios que el exembajador Benedetti se cruzó con Sarabia y en los que se le oye decir que se “levantó” $15.000 millones de personas non sanctas para la contienda del 2022. La defensa de Benedetti aún no se conoce públicamente quién la asumió, pero en el caso de Sarabia quedó en manos del abogado Jorge Gómez Restrepo.
En esas mismas grabaciones, que los equipos asesores de todos los implicados en esta historia a la que el viernes se le sumó el trágico fallecimiento del coronel Dávila, se habla de este escándalo que se desató por el robo en el apartamento de la exjefa de Gabinete y que, para este fin de semana, ya completa dos semanas continuas sacudiendo las entrañas de la administración del primer presidente de izquierda que tiene Colombia.
