La oferta de cupos, vocerías y beneficios por parte de abogados y servidores públicos, por valores que rondan los $500 millones, están convirtiendo el proceso de “paz total” con las bandas criminales en un lucrativo negocio que podría desbaratarse en cualquier momento y desatar una oleada de violencia.
Fuentes cercanas a las exploraciones de paz entre el Gobierno y los grupos armados de carácter no político le explicaron a EL COLOMBIANO cómo funciona el esquema, a cambio de la reserva de su identidad. Se resisten a señalar con nombre propio a los involucrados, algunos por solidaridad de gremio, otros por miedo y varios por “no salir del llavero” de la Casa de Nariño o de su clientela de narcos.
El precio estándar por las gestiones ante la Oficina del Alto Comisionado (Oacp) es de $500 millones, pero –según la jerarquía del cabecilla y la importancia del grupo en el escenario criminal– puede oscilar entre los $200 y $600 millones.
Algunos abogados y funcionarios le pusieron esa tarifa a los siguientes servicios: 1). El cupo en los acercamientos de paz, es decir, que el Gobierno avale las reuniones; 2). El nombramiento, vía decreto, como representante del grupo armado; 3). La inclusión en la lista de voceros de paz; 4). La designación como gestor de paz; 5). La no extradición; 6). Traslados de cárceles.
“Esto empezó en abril de 2022, antes de la primera vuelta presidencial. Llegaron unos delegados de Gustavo Petro a socializarnos el proyecto de paz total. La idea parecía buena, entonces hicimos el puente con miembros de grupos armados, que luego enviaron cartas y comunicados públicos en favor de la propuesta”, explicó uno de los conocedores del tema.
Varios narcos habrían pagado altas sumas para que los incluyeran en estos beneficios, como Juan José Valencia (“Falcon”), aliado del Clan del Golfo, con influencia en Antioquia y Cartagena; y Jesús Berdugo (“Tánatos”), socio del cartel de Sinaloa, con redes de droga en Nariño y Ecuador.
Otros que habrían desembolsado dinero para estas gestiones son Carlos Mesa Vallejo (“Tom”) y Leonardo Muñoz (“Douglas”), líderes de la organización mafiosa “la Oficina”; y el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez (“Macaco”).
Pese a esto, “Falcon” y “Tánatos” fueron extraditados; a “Douglas” no lo sacaron de La Picota ni le confirmaron la gestoría de paz, tras el rechazo generalizado de la opinión pública; y “Tom” y “Macaco”, aunque fueron trasladados a la cárcel de Itagüí, en su zona de injerencia, tampoco han recibido el aval para ser gestores.
Al parecer también dio plata el empresario Jorge López, hijo de la financista de paramilitares Enilse López (“la Gata”). A él un juez le concedió la libertad con el pretexto de que había sido nombrado gestor de paz por la Oacp, pero ante el escándalo jurídico que esto provocó, el Gobierno canceló su designación.
Estos “incumplimientos” produjeron desconfianza entre los mafiosos y los “intermediarios de la paz” y –según las fuentes– se están convirtiendo en “una bomba de tiempo”.
El Gobierno y la Oacp han negado su participación en el esquema. El alto Comisionado, Danilo Rueda, denunció públicamente el hecho el pasado 28 de enero, atribuyéndoselo a un cartel de abogados sin escrúpulos que estafan a sus clientes.
El problema llegó a oídos del presidente Gustavo Petro, quien el pasado 28 de enero trinó: “Las expectativas de paz que hemos generado son negocio también para avivatos. Nadie puede negociar la paz que no sea nuestro comisionado Danilo Rueda. Ni militantes, ni abogados, ni funcionarios, ni familiares míos en cualquier nivel están facultados para negociar la paz”.
Pese a esto, la feria del billete no se ha detenido.
Los tres mosqueteros
El comisionado Danilo Rueda hace parte de una triada de juristas y funcionarios criticados por organizaciones de DD.HH. y asesores de bandas ilegales, que lo señalan de ejecutar un manejo “amañado” de los acercamientos con las bandas, favoreciendo a unos y distanciándose de otros (ver el recuadro).
Los otros miembros de la triada son Juan Fernando Petro, hermano del Jefe de Estado, y el abogado penalista Pedro Niño.
Los tres tienen en común haber trabajado en la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y manejar los hilos de las conversaciones de paz.
“Nos sorprendió que estas personas quedaran al frente del tema, porque habíamos conversado con otros al principio, y ya no están. Sacaron a Álvaro Leyva (hoy canciller), a Piedad Córdoba (senadora) y al propio abogado del presidente Petro, Daniel Prado. A los tres que quedaron esta responsabilidad los sobrepasó”, dijo una de las fuentes.
Estos personajes han estado en el ojo de la opinión pública desde el sonado “Pacto de La Picota”, en abril de 2022, cuando Juan Fernando Petro y otros delegados de la ONG estuvieron de visita en esa penitenciaría, conversando con varios peces gordos del crimen organizado.
Incluso se habló en algunos medios de prensa de más reuniones con cabecillas y sus delegados en la calle, en plena época electoral, como la efectuada el 1 de febrero de 2022 en un restaurante de Medellín, con supuestos representantes de “Falcon”.
Aunque en su momento los implicados negaron malas intenciones, en el aire quedó el tufillo de que en esas reuniones estaban supuestamente prometiendo beneficios jurídicos a cambio de votos en los territorios.
La relación entre “los tres mosqueteros” se ha venido enrareciendo en las últimas semanas, en el cauce del río revuelto de la “paz total”, en el que muchos quieren pescar.
A Pedro Niño el Gobierno lo nombró como delegado para los acercamientos con el Clan del Golfo el pasado 28 de diciembre, y su misión era verificar la real disposición de ese cartel narcotraficante para hacer la paz.
El encargo duró poco y el mismo comisionado Rueda lo desautorizó el 9 de febrero, con un comunicado en el que afirmó: “Aclaramos que la Oacp no ha avalado al abogado Pedro Niño ni a su organización para convocar a reuniones de paz en ninguna región del país”.
La proclama envió un mensaje de aparente desorden en el equipo responsable de sacar adelante la principal apuesta política del actual Gobierno.
El juego en las regiones
En medio de este escenario de políticos y doctores de la ley gravitan los “intermediarios de la paz”, presionando para lograr los beneficios de sus clientes.
“Los abogados están repartidos en tres grupos: los de la Costa, los del Valle y los de Antioquia, y cada quien trata de arrimarse como puede al Gobierno”, narró un consultado.
Los intermediarios del Valle del Cauca tomaron la delantera, logrando el aval de la Casa de Nariño para las conversaciones con las bandas “los Shottas” y “los Espartanos”, dos facciones surgidas de la organización “la Local”, que se estaban enfrentando en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca).
El máximo líder de ese grupo, Diego Bustamante (“Diego Optra”), salió de la cárcel el pasado 10 de septiembre, por un extraño vencimiento de términos.
Al mes siguiente se formalizó una tregua entre las dos facciones, con participación de la Iglesia. El 6 de diciembre el presidente Petro viajó a la zona y en un evento público declaró que ese era “el primer proceso de paz urbano”.
El anuncio generó felicidad en los bonaverenses y reclamos en otras bandas que han girado dinero para acelerar sus gestiones, y que a la fecha no tienen procesos consolidados.
“Los abogados costeños y algunos funcionarios lograron meter a la ‘paz total’ al hijo de ‘la Gata’, un señor que estaba preso por contratar sicarios para matar a un periodista, pero que no tenía ningún poder sobre las bandas. ¿Entonces qué gestiones de paz iba a hacer? Ahí se les cayó ese negocio”, cuestionó uno de los entrevistados.
Otro problema que al parecer se le viene al proceso es el desaire que causó entre algunos grupos ilegales, a mediados de febrero, el proyecto de ley para el desmantelamiento de las bandas que el Gobierno radicó en el Congreso.
Tal cual está diseñado, para algunos cabecillas resulta más beneficioso acogerse a un principio de oportunidad individual con la Fiscalía, que presentarse de manera colectiva ante el Ejecutivo; o negociar de forma directa con la justicia de EE. UU., donde a cambio de su colaboración pueden salir más rápido de la cárcel, como Ninni Úsuga, la hermana del capo Dairo Úsuga David (“Otoniel”), quien no duró ni un año en su celda de Nueva York y ya está libre.
La lupa de Estados Unidos
La improvisación, la chequera clandestina y las conspiraciones que rodean a la “paz total” acabaron por distanciar a Danilo Rueda y Francisco Barbosa, el fiscal General de la Nación.
Si bien ya existían divergencias políticas, el fiscal ha fungido como una especie de polo a tierra de la Oacp y de los abogados que cobran por estos trámites, negándose a suspender las órdenes de captura de los voceros que nombra Rueda.
“Lo que diga el comisionado de Paz me tiene sin cuidado. Yo me entiendo con el Presidente”, señaló este jueves Barbosa, en una rueda de prensa.
Tanto Juan Fernando Petro como Pedro Niño fueron llamados a la Fiscalía a rendir testimonio por las presuntas irregularidades. Ambos se declararon víctimas del complot.
“En el fondo del asunto está la visión que EE. UU. tiene y que el fiscal Barbosa conoce bien: los gringos no están conformes con esas promesas de no extradición que rondan a la paz total”, comentó un entrevistado.
Recordó que esto ya pasó en la JEP, cuando varios mafiosos pagaron para que los incluyeran en la lista de las Farc y evitar la persecución de la DEA.
Esta gestión le costó la extradición en 2021 a la abogada Maritza Lorza, quien recibió US$ 3 millones por tratar de “colar” a siete narcos. Un juez de EE. UU. la condenó a siete años de cárcel por obstrucción a la justicia.
El caso podría repetirse, dado que varios reclusos del pabellón de extraditables de La Picota están renunciando a su representación jurídica en EE. UU., argumentando que “ya no nos van a extraditar”. Tal vez confían demasiado en la plata entregada a esos “intermediarios de la paz”.
Acercamientos y distanciamientos
El Gobierno consolidó los diálogos con el ELN, que ajustaron su segundo ciclo de conversaciones en México. También hay gestiones adelantadas con “los Shottas” y “los Espartanos”, en Valle. En contraposición, se ralentizaron los avances con “la Oficina” y otras bandas del Valle de Aburrá, como “Pachelly”; al igual que con el Clan del Golfo y las mesas de paz carcelarias. Con la disidencia del Estado Mayor Central hay 20 voceros postulados, pero la Fiscalía no ha suspendido sus órdenes de captura. Tal cual pasó con el Clan del Golfo y “los Pachenca”.
