Un grupo de doce organizaciones médicas y de profesionales de la salud hicieron públicas sus apreciaciones sobre el proyecto de ley por medio del cual “se transforma el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones”.
En un documento de cuatro páginas, las asociaciones señalaron que “el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) necesita de una Reforma que permita avanzar en el goce efectivo de este derecho fundamental”.
Por otro lado, manifestaron que están de acuerdo con “el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud, así como la necesidad de dar solución a las inequidades, en especial en las zonas con población dispersa”.
Así mismo, manifestaron que saludan la conformación del Consejo Nacional de Salud, pero consideran que “para ser más operativo debería tener un número menor de consejeros y que se reevalúe su conformación”; así como la creación y puesta en marcha del Sistema Público Único Integrado de Información en Salud y el fortalecimiento de la participación ciudadana.
“Coincidimos en la reivindicación de la autonomía de los profesionales de la salud, el fortalecimiento de la Supersalud y el desarrollo de políticas públicas para la formación del talento humano procurando su formalización laboral y la mejora en las condiciones de vida y de trabajo dignas y justas”, añaden.
Sin embargo, plantearon nueve inquietudes sobre el funcionamiento del nuevo sistema de salud, que se concentran en la proliferación de entidades con funciones superpuestas; en la incapacidad técnica y de experticia de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para asumir nuevas funciones; en el riesgo de fragmentación, nuevas barreras de acceso y afectación en la integralidad de la atención; en cuanto a que “no están claros cómo se obtendrán los recursos tanto financieros como de talento humano que se requerirán para la puesta en marcha de más de 2.500 centros de atención primaria”; así como la insuficiencia de médicos y demás profesiones de la salud en servicio social obligatorio para cubrir las necesidades de los Emit propuestos.
Por otro lado, señalaron que no se precisan las fuentes para la sostenibilidad para formalizar a los trabajadores de las categorías operativas (42.784) y de apoyo (85.859); que el proyecto de ley debe tramitarse como estatutaria y no como ordinaria (como fue presentado); la vulneración del principio mismo de la autorregulación en los comités de autorregulación médica en las IPS; y que las sanciones penales y disciplinarias que plantea la reforma carecen “de unidad de materia y desconocen las actuales y vigentes instancias para los procesos éticos–disciplinarios para los profesionales de la salud”.
Más adelante, este grupo expresa que apartes de la reforma ignoran lo previsto en el parágrafo del artículo 334 de la Constitución Política que indica que “en ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva”.
Finalmente, el documento crítica que se “establecen nuevas definiciones de salud que no se ajustan con la evidencia científica global”; que no hay “un periodo definido de transición, lo que genera incertidumbre entre los actores y la población”; que “se evidencia un desestímulo en los trabajadores independientes con capacidad de pago que le hace daño al sistema”; al igual que advirtieron que si se aprueban las facultades extraordinarias solicitadas “debería definirse con mayor precisión su destinación y establecerse directrices y límites precisos”.
El documento termina expresando que las agremiaciones firmantes están en voluntad de “aportar experiencia y conocimiento para que el país alcance el mejor Sistema de Salud posible”.
