Entre los acuerdos que se establecieron, la Fuerza Pública no suspenderá su accionar y se continuará cumpliendo con las obligaciones de seguridad y defensa nacional.
Dicho protocolo tendrá mecanismos a nivel nacional y local, y además tendrá acompañamiento de actores de la sociedad civil, la iglesia católica y otras expresiones de iglesias.
“Este protocolo busca ser un instrumento para el desescalamiento de la confrontación armada y una herramienta de facilitación para el proceso de negociación entre las partes”, expresa el comunicado del Gobierno.
El acuerdo también le prohíbe a la disidencia transitar y permanecer en cabeceras municipales, corregimientos, inspecciones de la Policía, en vías primarias, entre otras, con el fin de evitar enfrentamientos y afectaciones en las poblaciones.
“La Fuerza Pública seguirá actuando, respetando el cese al fuego bilateral y acatando los compromisos adquiridos en el protocolo suscrito, ejerciendo sus funciones y mandato constitucional, legal y reglamentario sin ninguna excepción en todo el territorio nacional”, informó el Gobierno.
