Según el informe, Colombia recibió una calificación de 39 puntos sobre 100 y se ubica en el puesto 91 entre los 180 países evaluados por el IPC. En comparación con el año pasado, la calificación obtenida no tuvo variación, mientras que en el ranking global sufrió una caída de 4 puestos (en 2021 se ubicó en el puesto 87 entre 180 países). Este descenso se explica, en parte, por el caso de cinco países que compartían posición y puntaje con Colombia en 2021 y que mejoraron su desempeño.
Desde 2012, la calificación de Colombia ha oscilado entre los 36 y 39 puntos, sin lograr cambios estadísticamente significativos.
El promedio mundial se mantiene sin cambios por undécimo año consecutivo en una puntuación de 43 sobre 100 y más de dos tercios de los países (122) tienen un grave problema de corrupción, con una puntuación inferior a 50.
A nivel global, los países con mejor desempeño en el IPC 2022 fueron Dinamarca (90), Finlandia (87) y Nueva Zelanda (87), mientras que Yemen (16), Venezuela (14), Sudán del Sur (13), Siria (13) y Somalia (12) continúan como los países con peor calificación.
En América, el promedio obtenido fue de 43 puntos sobre 100 por cuarto año consecutivo. Los tres países con mejor calificación fueron Canadá (74), Uruguay (74) y Estados Unidos (69), mientras que los peores calificados fueron Venezuela (14), Haití (17) y Nicaragua (19). En esta región, la falta de una acción decisiva para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas alimenta las actividades del crimen organizado, lo que socava la democracia y los derechos humanos, amenaza el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y provoca violencia, daños ambientales y migración en todo el hemisferio.
Los desafíos para Colombia
Colombia mantuvo su puntaje de 39 sobre 100 por tercer año consecutivo. Desde 2012 no ha logrado cambios significativos en esta calificación.
Según Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, “esta situación reitera que los distintos tipos de corrupción que se analizan a través del IPC no han sido contrarrestados de manera suficiente: soborno, desvío de recursos públicos, uso de cargos públicos para beneficio privado, nepotismo en el servicio civil y captura del estado, entre otros”.
En tal sentido, el análisis del IPC 2022 señala la seguridad y la lucha contra la corrupción como puntos claves a futuro para acabar con este flagelo en el país.
Según Transparencia por Colombia, el sector defensa y seguridad fue el más afectado por actos de corrupción entre 2016 y 2020 con irregularidades en contratación pública, uso indebido de servicios de seguridad y vulneración de derechos humanos, entre otros hechos.
Así mismo, el reporte de Transparencia Internacional exhorta a fortalecer los esfuerzos para identificar y evitar los riesgos de corrupción relacionados con la consolidación de la paz en el país, pues la prevención de la corrupción es fundamental para alcanzar la “paz total”. Tercero, contrarrestar los efectos de esta problemática en la calidad de vida, el respeto por los derechos humanos y la preservación del medio ambiente.
“Transparencia por Colombia reitera la invitación al Gobierno Nacional y al Congreso para articular un fuerte componente de lucha anticorrupción en el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual contribuiría decididamente a las tres prioridades en materia de justicia social, justicia ambiental y paz total”, concluye Andrés Hernández.
Corrupción, conflicto y seguridad
Del mismo modo, el informe de Transparencia Internacional reveló que el fenómeno de la corrupción ha sido la consecuencia, pero también la causa de muchos conflictos. El 2022 hizo más evidente esta problemática. Tras dos años de confinamiento por la pandemia, el mundo comenzó una reapertura gradual enmarcada en la invasión de Rusia a Ucrania, el escalamiento de conflictos de vieja data y el continuo deterioro de la democracia en distintos países.
“La corrupción debilita la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. El mal uso o robo de fondos públicos puede privar a las instituciones responsables de garantizar la seguridad de los recursos que necesitan. Nuestro análisis muestra que la debilidad de las instituciones policiales y de defensa dificulta que un Estado asegure el control de su territorio y prevenga amenazas violentas, incluido el terrorismo”, resalta el informe.
El estudio también identificó que desde 2017, 130 países han visto protestas sociales significativas. En 55 de ellas al menos una protesta fue impulsada por el descontento de la gente con los niveles de corrupción en el gobierno. Como era de esperar, el 80 % de las protestas relacionadas con la corrupción y el 82 % de las respuestas violentas documentadas contra los manifestantes ocurrieron en países con puntajes del IPC por debajo de 50.
