Alianza In, primer gremio de aplicaciones e innovación de América Latina, alerta, a través de un comunicado, sobre las graves consecuencias que tendría la aprobación del borrador del proyecto de ley de régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte, que va por su tercer borrador y será radicado próximamente en el Congreso de la República.
En concreto, el gremio advierte cuatro efectos graves de la iniciativa:
1. Las plataformas digitales de movilidad serán prohibidas tajantemente. El proyecto de ley anuncia bloqueos en la web a estas aplicaciones a través de procedimientos administrativos, inmovilizaciones prolongadas a los vehículos de los conductores por un término de entre 1 y 3 meses, multas de más de $10 millones para los ciudadanos que usen estas plataformas, entre otros.
2. 100 mil conductores quedarían sin fuente de ingresos. Según un estudio de Fedesarrollo (2021), 100 mil conductores generan ingresos a través de las plataformas digitales de movilidad. Según la percepción de los encuestados, si estas plataformas no operaran en Colombia, el 44 % estaría desocupado, el 32 % tendría otro trabajo independiente y el 14 % tendría empleo formal. Las plataformas digitales de economía colaborativa hoy ocupan el 0,7 % de la población económicamente activa y generan el 0,23% del PIB. Todo esto sería borrado de un plumazo por esta contrarreforma social.
3. No es coherente el mensaje del Gobierno Nacional. El Ministro de Transporte Guillermo Reyes ha expresado en los medios de comunicación el compromiso del gobierno del Presidente Gustavo Petro de solucionar la falta de reglamentación de las plataformas digitales de movilidad, pero las medidas contempladas por este borrador de proyecto de ley apuntan justamente en sentido contrario. Desde Alianza In hemos presentado propuestas y ejemplos internacionales que pueden contribuir en esta tarea. Y debemos reiterar que la prohibición y persecución de esta actividad económica es el peor camino posible.
4. Es pasarse por la faja el principio de neutralidad de red. El borrador del proyecto de ley propone una violación flagrante al principio de neutralidad de red, que le prohíbe a los gobiernos restringir los contenidos de internet. Este es un principio del derecho internacional, también previsto en el ordenamiento jurídico colombiano. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el bloqueo de Uber en 2019, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, por la estrecha relación existente entre la libertad de expresión y el principio de neutralidad de red.
Advertencia
El director ejecutivo de la asociación, José Daniel López, reiteró la voluntad que tiene el gremio de participar en la construcción de reglas de juego claras que protejan el trabajo de más de 100 mil personas, concreten la libertad de elegir de los ciudadanos, promuevan la movilidad sostenible y dinamice la economía digital.
“Coincidimos en la importancia de un régimen administrativo sancionatorio sobre los servicios de movilidad que se prestan a través de las plataformas digitales, pero esto solo es concebible en el marco de una reglamentación amplia y suficiente de esta nueva realidad social y económica”, señaló.
En entrevista para Portafolio, López afirmó que este documento le permite a una autoridad administrativa, como lo es la Superintendencia, bloquear a estas plataformas de internet.
“En ninguna democracia seria los gobiernos pueden bloquear contenidos de internet, ya que el principio de neutralidad expresa la libertad en este canal y este borrador de ley se pasa por la faja esto”.
Reiteró que este proyecto tendría un costo social impagable para el país. Hay cerca de 100.000 familias que viven de esto, y en un gobierno en el cual la igualdad, la equidad y la justicia social son banderas tan importantes, me parece increíble que estas familias se queden sin un sustento.
