Superintendencia de Transporte, acabaría de tajo con las plataformas que ofrecen el servicio de transporte, y que se presentaría al Congreso de la República para su estudio.
Así lo advirtió Alianza In, el primer gremio de aplicaciones e innovación de América Latina, al subrayar “las graves” consecuencias que tendría la aprobación de la iniciativa. A través de un trino, José Daniel López, su director subrayó: “En efecto, la @Supertransporte alista proyecto de ley que ACABARÍA con la operación de las plataformas de movilidad en Colombia, dejando a más de 100.000 personas SIN FUENTE DE INGRESOS”
El contenido de la iniciativa busca bloquear en la web a estas aplicaciones a través de procedimientos administrativos, inmovilizaciones prolongadas a los vehículos de los conductores por un término de entre 1 y 3 meses, multas de más de $10 millones para los ciudadanos que usen estas plataformas, entre otros.
“Las plataformas digitales de economía colaborativa hoy ocupan el 0,7% de la población económicamente activa y generan el 0,23% del PIB. Todo esto sería borrado de un plumazo por esta contrarreforma social”, explicó José Daniel López, director de Alianza In.
Para el gremio no es coherente el mensaje del Gobierno Nacional, al precisar que el Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, ha expresado en los medios de comunicación el compromiso del gobierno de Gustavo Petro de solucionar la falta de reglamentación de las plataformas digitales de movilidad, pero las medidas contempladas por este borrador de proyecto de ley apuntan justamente en sentido contrario.
“Desde Alianza In hemos presentado propuestas y ejemplos internacionales que pueden contribuir en esta tarea. Y debemos reiterar que la prohibición y persecución de esta actividad económica es el peor camino posible”, recalcó López.
Otro de los puntos a lo que hace referencia Alianza In, es que con el articulado se pasaría “por la faja” el principio de neutralidad de red.
“El borrador del proyecto de ley propone una violación flagrante al principio de neutralidad de red, que le prohibe a los gobiernos restringir los contenidos de Internet. Este es un principio del derecho internacional, también previsto en el ordenamiento jurídico colombiano. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el bloqueo de Uber en 2019, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, por la estrecha relación existente entre la libertad de expresión y el principio de neutralidad de red”, explicó López.
El líder gremial reiteró la voluntad que tiene el gremio de participar en la construcción de reglas de juego claras que protejan el trabajo de más de 100 mil personas, concreten la libertad de elegir de los ciudadanos, promuevan la movilidad sostenible y dinamice la economía digital.
“Coincidimos en la importancia de un régimen administrativo sancionatorio sobre los servicios de movilidad que se prestan a través de las plataformas digitales, pero esto solo es concebible en el marco de una reglamentación amplia y suficiente de esta nueva realidad social y económica”, dijo.
