A la creadora de contenidos Laura Daniela Beltrán Palomares, más conocida como Lalis, el Gobierno le adjudicó un contrato para “asesorar y apoyar” la estrategia digital de las entidades del Estado.
El documento fue firmado el 19 de enero y puso en los bolsillos de Lalis una suma de 297 millones de pesos. Además de esa millonaria transacción, el contrato firmado por la Agencia Nacional de Contratación Pública también pone en su billetera nueve pagos más, cada uno por la suma de $5 millones de febrero a octubre, y otra transacción para noviembre que sería de 4,5 millones.
Mientras que otros contratistas del Estado deben renovar sus convenios cada cuatro o cinco meses porque quienes hacen esos acuerdos les indican que no pueden firmarse compromisos a largo plazo, la creadora de contenidos tiene asegurada la financiación pública para sus publicaciones para todo 2023.
De ahí que el senador del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, cuestionó que “el ciudadano también tiene derecho a saber si el contenido que consume se trata de activismo independiente o de publicidad política pagada”. Lalis le responde que él está protagonizando una persecución en su contra.
Es más, el congresista ya anunció la radicación de un proyecto de ley que obligue a los creadores de contenido a publicar quiénes son sus patrocinadores para que los usuarios de esa información puedan diferenciar entre publicidad y recomendaciones genuinas.
No obstante, desde octubre de 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio advirtió que los influenciadores deben usar la etiqueta de “#Publicidad”, “#AvisoPatrocinado” o “#Patrocinador” cuando la información que divulgan sea paga.
En todo caso, la discordia entre Lalis y el senador del Pacto comenzó días atrás cuando Escaf envío mensajes apuntando que “si recibes dinero para difundir ‘fake news’, manipular y desinformar a tus lectores, ¡obvio, no eres activista! La propaganda no es activismo”.
La cuestión va más allá de una discordia dentro del mismo Pacto Histórico, pues en el pasado –cuando el petrismo era oposición– los de ese grupo político criticaban que la creadora de contenidos afín al uribismo, Natalia Bedoya, tuvieran contratos con el Estado.
Desde la Alianza Verde, partido afín al Gobierno Petro, también han puesto en entredicho que el Gobierno esté aportando recursos públicos para contratar a Lalis.
El concejal de Bogota, Julián Rodríguez Sastoque, aseveró que “el rasero para criticar a Bedoya rayaba con la misoginia y la persecución. Inadmisible hoy callar en un gobierno de cambio con bodegueros prepagos que se lucran de los impuestos de los colombianos y al mismo tiempo se dedican a destruir y matonear en redes”.
Incluso la Sociedad de Activos Especiales (SAE) publicó en sus redes un video en el que Lalis habla “de las cosas buenas del Gobierno” en el que hacía referencia a la gestión de esa entidad que es dirigida por el excoordinador de la campaña de Petro, Daniel Rojas.
