El lío inició luego de que la jueza firmara la libertad de dos jóvenes de la Primera Línea, Santiago Márquez Chárriz y Adriana Esperanza Bermeo Sua, para nombrarlos como gestores de paz por medio de una solicitud de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Según la procuradora Margarita Cabello, la jueza coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao no podía ordenar la libertad basada en un decreto presidencial y mucho menos sin haber convocado al ente de control, lo que habría impedido el correcto desempeño de su papel.
Frente a esto, Corjusticia expresó su preocupación a través de un comunicado en el que apoyan la decisión de la jueza, y señalan que la Procuraduría no habría respetado la autonomía judicial y, al mismo tiempo, habría vulnerado la independencia de los jueces.
“El comunicado de la PGN hace mella en la autonomía e independencia judicial amparada por la ley, la Constitución y los instrumentos internacionales sobre la materia, por su premura, tratándose de un asunto relativamente novedoso”, explicó la corporación.
Así las cosas, los jueces pidieron respeto por las providencias judiciales, especialmente por el accionar de la jueza Bastidas.
Para Corjusticia, en este tipo de casos se debe mantener el respeto por las decisiones de los jueces, quienes, a fin de cuentas, tienen la última palabra en los procesos para otorgar libertad.
En esto coincide el abogado constitucionalista Esteban Manco, quien explica que la rama judicial, representada por los jueces, goza de autonomía e independencia, y ellos no están supeditados a las directrices de la Procuraduría, solo deben ceñirse a lo escrito en la ley y con base en ello otorgar la libertad o negarla.
“No hay una subordinación, por lo que la autonomía y la independencia deben prevalecer”, aseguró Manco.
Sin embargo, el abogado penalista Francisco Bernate, va por el mismo hilo de la procuradora Cabello y explica que en este caso, a pesar de la autonomía, sí se debió realizar una audiencia y convocar a la Procuraduría.
“Cuando una persona está a disposición de los jueces, deben convocar a una audiencia en la que puedan participar todas las personas, pero no se puede de un solo pupitrazo o papelazo decretar la libertad”, comentó.
A fin de cuentas, para el abogado Esteban Manco hay una tensión entre jueces y Procuraduría, pero “en el fondo lo que debería existir, en consecución a la paz, es la materialización del principio de la colaboración armónica entre las ramas del poder, solo que para eso se necesita mucha coordinación”.
