Luego de que el pasado lunes, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, denunció que «hay una gran preocupación del hacinamiento en estaciones de Policía, que en el área metropolitana de Bucaramanga supera el 737% de su capacidad», este martes la Defensoría del Pueblo verificó la situación.
Este martes, el defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo, visitó la estación Norte de Bucaramanga, una de las más hacinadas, y comprobó que esta cifra es superior al 1.300%, además de que hay dificultades en materia de atención alimentaria y de salud.
Camargo indicó que “según la verificación permanente que hacen nuestros funcionarios de la Regional Santander persiste un grave problema de hacinamiento que tienen los centros transitorios de detención que impide que la población privada de la libertad cuente con unas garantías mínimas en temas de salud y alimentación”.
El Defensor del pueblo dijo que “en nuestra visita de hoy a la estación de Policía Norte pudimos constatar un hacinamiento superior al 1.300%, una situación claramente vulneratoria de la dignidad humana, lo que se suma a los eventuales brotes de patologías contagiosas que ponen en riesgo la salud y la vida tanto de las personas privadas de la libertad como el personal custodio de la Policía Nacional”.
Frente a esta situación, el Gobernador de Santander sostuvo que «hacemos un llamado al director del Inpec para que nos ayude a liberar estas estaciones trasladando a las personas condenadas y sindicadas para poder liberar a más de 120 policías que hoy están custodiando a personas que han cometido delitos».
Aguilar Hurtado expresó que este personal podría ser de mucha utilidad «en las calles y barrios del área metropolitana y seguir con la lucha contra el micro tráfico y el expendio de drogas».
Asimismo, el Defensor Diego Camargo, añadió que “demás del propósito de construir soluciones conjuntas que permitan realmente solucionar los problemas que tienen hoy las personas privadas de la libertad. Creemos que es importante tomar decisiones de fondo que permitan mejorar la calidad de vida de las personas”.
Finalmente, la Defensoría señaló que «los recorridos por las 10 estaciones de policía, realizados por nuestro equipo regional en las últimas semanas, se revisaron las condiciones de salud, alimentación, infraestructura, servicios públicos y acceso a la administración pública y de justicia. Además, de la atención y recepción de las quejas de la comunidad, dejando evidencia las dificultades para el cumplimiento del fin resocializador de la pena».
