El alto tribunal revocó el fallo absolutorio de primera instancia profería por el Juzgado 10 del Circuito de Bucaramanga, y condenó a Ramírez Herrera, por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, cuando fungió como Secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga para la vigencia 2011.
Según el Tribunal Superior, el exsecretario de Infraestructura en la administración del fallecido Héctor Moreno Galvis, tramitó y celebró por él que el acusado obró por razón de sus funciones, toda vez que contrato a la Fundación Asistencia Social mediante convenio de asociación No. 423 de 2011, sin la observancia de los requisitos legales esenciales ya que está fundación no tenía idoneidad.
“Los diseños presentados cómo aportes para habilitar la contratación directa de la Fundación Asistencia Social ya habían sido aportados por la empresa Light Color Servise en una cotización anterior. Posteriormente Light Colors fue subcontratada posteriormente para ejecutar realmente el contrato para las iluminaciones navideñas de los parques de Bucaramanga”, explicó el Tribunal.
Debido a que la Sala Penal del Tribunal Superior no accedió a la solicitud de medida domiciliaria presentada por la defensa, el exsecretario Ramírez deberá pagar la condena en un centro de reclusión.
La defensa de Álavaro Ramírez anunció que apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia.
Diez años inhabilitado
En junio del 2013, la Procuraduría General de la Nación, en fallo de segunda instancia, confirmó la sanción impuesta al exsecretario de Infraestructura de Bucaramanga Álvaro Antonio Ramírez Herrera, que lo destituyó y además lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 10 años.
Ramírez fue hallado responsable disciplinariamente de violación a los principios de la contratación pública.
El exsecretario suscribió el 19 de julio de 2010 un contrato de prestación de servicios “para la elaboración del monumento ‘Calentamiento Global’ en el parque Santander”. La obra fue conocida popularmente como ‘Marbelle’.
La construcción del monumento se venía haciendo desde el 25 de junio del mismo año, es decir 24 días antes de la firma del contrato, que costó alrededor de 400 millones de pesos. El secretario explicó a los medios de comunicación en su momento que el contrato no se había ejecutado.
La Procuraduría determinó que Ramírez “desconoció los principios constitucionales de legalidad, buena fe y moralidad administrativa y el legal de responsabilidad contractual”.
Ramírez sostuvo en su defensa que aunque el contrato se firmó, jamás se ejecutó. “Lo puedo demostrar”, afirmó en ese entonces. Aseguró que el contrato se canceló con el artista. “No hubo pago, pero sí hubo contrato”, explicó Ramírez Herrera, y en eso se enredó.
