Como un ’bocado de justicia’ recibieron los afectados del proyecto de vivienda Cachalú en San Gil, la decisión de un juez de ordenar la medida privativa de la libertad en un centro penitenciario a Martín Emilio González Salazar, promotor de la urbanización.
En la audiencia de imputación de cargos desarrollada en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Valle de San José, a González y los demás miembros de la junta de la asociación de vivienda: Sonia Consuelo Ríos, Cindi Melissa Wandurraga, Patrocinio Salazar y Sandra Milena Bautista, la Fiscalía General de la Nación solicitó les fueran imputados los cargos de urbanismo ilegal y estafa agravada.
Gilberto Durán, abogado de las 77 familias hasta el momento incluidas como víctimas del proceso, explicó que los miembros de la asociación seguirán vinculadas al proceso pero sin medida privativa de la libertad.
Los agravantes en este caso y que habrían sido tenidos en cuenta por el juez en la imputación, es que se trata de un proyecto con pérdidas de altas cuantías para las familias y que se hizo bajo la figura de vivienda de interés social.
En el proyecto ubicado en una de las zonas altas de San Gil, ubicado más arriba de la ciudadela Cerros del Bosque, las familias demandantes habrían aportado a los impulsores del proyecto $1.935 millones. Sin embargo, “las pérdidas serían mayores porque en ese cálculo no se están sumando los intereses por préstamos, los arriendos ni otros gastos que han tenido que asumir los afectados”, explicó Durán.
Además de la privación de la libertad de González, durante la imputación también se ordenó el embargo y secuestro de los bienes correspondientes a Cachalú, garantizando así que el proyecto no se siga comercializando y más familias terminen como víctimas de una posible estafa.
Durán dijo que hasta ahora en esta urbanización figuran 160 familias usuarias, pero no todas hacen parte del proceso de demanda.
