El Tribunal Administrativo de Santander admitió una demanda en contra de la reciente elección de Fredy Antonio Anaya Martínez como contralor departamental.
La acción fue interpuesta por los concejales de Bucaramanga, Danovis Lozano y Carlos Parra, y también por el diputado Ferley Sierra, quienes argumentaron que en la convocatoria pública hubo una serie de presuntas irregularidades.
Los demandantes expusieron que, “durante el proceso hubo falta de publicación o existencia del protocolo de la cadena de custodia, manejo y transporte de las pruebas, violando el principio de transparencia, incumplimiento de las disposiciones relativas a la aplicación de la prueba de conocimiento afectando la transparencia y desconociendo la norma de convocatoria”.
Además, argumentaron que hubo vaciamiento de las competencias de la Asamblea Departamental al haber transferido sus funciones al ente universitario que apoyaba el proceso de selección de Contralor Departamental, que el plazo de inscripción fue inferior al mínimo legalmente previsto y también la falta de exigencia del certificado del registro nacional de medidas correctivas de la Policía Nacional para llevar a cabo las inscripciones en el proceso de selección.
Por los hechos expuestos, el tribunal resolvió admitir en primera instancia la demanda presentada y notificarle a Anaya Martínez de esta decisión judicial. Los magistrados negaron el pedido de la medida cautelar de urgencia de suspensión provisional, solicitada por demandantes.
La elección
El 30 de noviembre de 2021, con 9 de los 16 votos de la Asamblea de Santander, Fredy Antonio Anaya Martínez fue elegido contralor departamental para que vigile la correcta ejecución de los recursos públicos durante el periodo 2022-2025.
El proceso de elección de Contralor de Santander estuvo enmarcado por varios cuestionamientos. Al menos ocho tutelas se presentaron en contra de la convocatoria pública, en las que argumentaron posibles irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas.
Desde la misma Asamblea han criticado el proceso. El exvicepresidente de la duma, Giovanni Leal, cuestionó la elección de la Universidad Distrital de Bogotá como evaluadora, pues el entonces presidente, Alexánder Medina, no tuvo en cuenta a la Mesa Directiva para la elección de la institución validadora.
La diputada Claudia Ramírez criticó que los calificadores de la prueba de conocimientos fueron ingenieros eléctricos y psicólogos que no tendrían conocimiento en control fiscal.
Además, cuestionó que un asesor jurídico haya estado liderando el proceso de convocatoria pública y no el Secretario General de la Asamblea de Santander.
