En el procedimiento estuvieron presentes la Policía Nacional, la Personería, la Defensoría del Pueblo y las secretarías de Salud, Desarrollo Social e Interior del municipio.
“Cuando llegamos a esta fundación encontramos irregularidades. No tenían uso de suelo y no cumplían con las condiciones higiénico-sanitarias. Las personas recluidas, la mayoría jóvenes, estaban en contra de su voluntad y por esto se originó un motín”, expresó Melissa Franco, secretaria del Interior.
Ya en septiembre pasado ocurrió un homicidio en una corporación de rehabilitación, ubicada en la carrera 21 con calle 41.
“Verificamos las condiciones de cada uno de los internos, trasladando a los menores a comisarías de familia y llamando a los acudientes para que se acercaran a recoger a sus familiares. Se selló porque no cumplían los requisitos de funcionamiento”, agregó la funcionaria.
