La Corte Suprema de Justicia alertó que el gobernador Mauricio Aguilar habría ocultado y manipulado información, que sería pieza clave en las investigaciones en contra de su hermano Richard Aguilar, quien se encuentra privado de la libertad por presuntos hechos de corrupción.
Entre los señalamientos de la Corte se encuentran presuntas pérdidas de libros radicadores, omisión de información y manipulación de documentos públicos.
Vanguardia pudo conocer el expediente completo del alto tribunal, en donde se señalan las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el mandatario Mauricio Aguilar, al intentar manipular y esconder pruebas que serían utilizadas en contra de su hermano Richard, exsenador de Cambio Radical.
“Infiere la Sala que el aforado investigado (Richard Aguilar) influyó, – y puede seguir haciéndolo -, en la administración departamental actual de su hermano Mauricio Aguilar”, sostuvo la Corte Suprema de Justicia.
Los hechos
El polémico contrato que tiene hoy a Richard Aguilar privado de la libertad en un batallón de Bogotá, fue suscrito el 30 de enero de 2015 entre la Gobernación de Santander y la Unión Temporal Reforzamiento 2015, para la remodelación del estadio Alfonso López de Bucaramanga.
Dicho contrato, suscrito entre la Secretaría de Infraestructura y Octavio Reyes Sarmiento (representante legal de la UT), fue por más de $15 mil millones, y desde ese entonces ha presentado un sinnúmero de irregularidades, además de señalamientos de presunta corrupción por parte del entonces gobernador.
En diciembre de 2015, la Gobernación designó al funcionario de la Secretaría de Infraestructura Reinaldo Castillo Parra, para que le hiciera una adición de más de $6 mil millones al contrato con la Unión Temporal Reforzamiento 2015.
Los documentos
El 14 de diciembre de 2020, miembros de la Unidad de Apoyo Investigativo del CTI, adscritos a la Corte Suprema de Justicia, llegaron a la Gobernación de Santander para realizar una inspección en la Secretaría del Órgano Colegiado de Administración y Decisión, Ocad.
Según señalaron los investigadores del CTI, no se encontraron algunos documentos, ni el aplicativo del Manual Funcional del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, Suifp, en donde deberían estar consignadas las fases de cada ciclo de inversión pública.
Entre los documentos que no se encontraron estarían el concepto favorable que habría otorgado Coldeportes para que se hiciera la adición de dinero, la solicitud favorable del Comité Consultivo y el certificado de movilidad reducida de la Secretaría de Infraestructura de Santander.
Según la Corte Suprema de Justicia, el 15 de enero de 2021, el secretario de Planeación de Santander, Javier Orlando Acevedo Beltrán, envió vía correo electrónico a la Unidad Investigativa del CTI, los documentos que no fueron encontrados por los investigadores en la visita de diciembre de 2020.
El alto tribunal sostuvo que los documentos aparecieron “milagrosamente” remitidos por correo electrónico, “lo que permitió a los investigadores develar, a través de la herramienta de Microsoft Word 2016, denominada Metadatos, que fueron creados exprofeso en 2020 y 2021”.
Lo que “sorprendió” al alto tribunal fue que los documentos de solicitud de concepto favorable al Comité Consultivo y el certificado de movilidad reducida de la Secretaría de Infraestructura, habrían sido creados por un autor “desconocido” el 15 de enero de 2021, un mes después de la visita que hizo el equipo del CTI.
Según el tribunal, el concepto favorable de Coldeportes enviado por la Gobernación al CTI, “sorprendió a la Corte toda vez que un documento de similares características, enviado a los investigadores el 30 de marzo de 2021, por el Ministerio del Deporte, antes Coldeportes, tiene como fecha de creación el 2 de diciembre de 2015”.
La Corte pudo establecer a través del examen Metadatos, que ese documento fue creado el 18 de diciembre de 2020, por “autor desconocido”, cuatro días después de la inspección del CTI.
Para el tribunal, la documentación que envió la administración de Mauricio Aguilar, debe contar con una fecha de creación acorde con el momento en que se hicieron los trámites de aprobación del contrato 0766 de 2015.
Por las presuntas irregularidades por parte de la Gobernación, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria al gobernador Mauricio Aguilar.
Los libros desaparecidos
En septiembre de 2019, Blanca Cecilia Solano García, funcionaria de la Gobernación de Santander, entregó a Mercedes Martínez Correa, coordinadora del Grupo de Administración de Documentos de la Gobernación, los libros radicadores de las resoluciones de la oficina del Gobernador, entre 2013 y 2017.
Sin embargo, el 25 de junio de 2021, una funcionaria entregó a la Policía Judicial de la Corte, un certificado en donde señaló que se había perdido una caja con nueve libros radicadores.
Hecho que para la Corte “demuestra que en la actualidad se sigue ‘extraviando’, destruyendo u ocultando evidencia documental sobre la cual, antes de su desaparición, la Corte había manifestado interés en obtener para efectos de la investigación”.
Los señalamientos de la Corte
En el auto de 217 páginas, el alto tribunal sostiene que “se aprecia que, a pesar de esfuerzos para hacer idéntica la versión del documento de la actual administración departamental con aquella indubitada del Ministerio del Deporte, antes Coldeportes, no lo lograron”.
Para la Sala hubo “conductas reiterativas de obstrucción a la justicia” por parte de Richard Aguilar, quien es investigado por la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Las investigaciones
La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia investiga a Richard Aguilar por presuntamente haber estado involucrado en hechos de corrupción mientras estuvo al frente de la Gobernación de Santander entre 2012 y 2015.Según ha declarado la exsecretaria de Infraestructura Claudia Toledo, mientras Richard Aguilar estuvo al frente de la Gobernación, habría redireccionado millonarios contratos a cambio de coimas.
Los planes de Richard para evitar sus investigaciones, involucrarían a su hermano Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, pues según la Corte, el mandatario habría manipulado documentos que serían utilizados como pruebas en contra del exsenador de Cambio Radical.
