Por el presunto direccionamiento de contratos y entrega de sobornos, los congresistas Richard Aguilar y Edwin Ballesteros están siendo investigados por la Corte Suprema justicia.
Dos testigos los señalan como beneficiarios de una supuesta red de corrupción en Santander cuando Aguilar oficiaba como gobernador y Ballesteros como gerente de la empresa de servicios públicos.
La exsecretaria de infraestructura de Santander, Claudia Yaneth Toledo, y su esposo, Lenin Darío Pardo, dicen tener las pruebas de una organización criminal que amañó contratos de infraestructura a su antojo y recibió millonarias coimas durante la gobernación de Aguilar entre 2012 y 2015.
“Ellos declaran que existía una oficina paralela donde se estructuraban los pliegos, muy a la medida de la necesidad del respectivo contratista y de eso se derivaba una serie de coimas y de pagos y de comisiones que estaban regulados de una manera muy sofisticada”, detalla Jaime Lombana, abogado de los testigos.
Toledo y su esposo le han venido relatando a la Fiscalía y a la Corte Suprema cómo operó ese esquema de corrupción en contratos que sumarían más de 500 mil millones de pesos.
