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El Parque Internacional del Parapente volverá a ‘tomar vuelo’ en Floridablanca

La Alcaldía de Floridablanca dio ‘luz verde’ para que los clubes de parapente retomen sus emocionantes vuelos sobre el cielo florideño.

Tras una exhaustiva verificación por parte del Banco Inmobiliario de Floridablanca, BIF, dos de los tres clubes que operan en el Parque Internacional de Parapente ya cuentan con la documentación y permisos en regla, asegurando que la práctica de este deporte extremo se realice bajo las más estrictas normas de seguridad, tanto para los deportistas como para los turistas que visitan este icónico destino.

Leonardo Dueñes Gómez, director del BIF, confirmó esta decisión e informó que desde esta semana ya pueden realizar vuelos las escuelas que cumplieron con los requisitos. Estas normas están alineadas con las disposiciones de la Federación Colombiana de Deportes Aéreos, la entidad encargada de regular este tipo de actividades en el territorio nacional.

William García Forero, presidente del Club Vuelo Libre y representante legal de Parapente Al Parque, expresó su agradecimiento por haber logrado la certificación necesaria para operar dentro del parque. “Nos pidieron los papeles, los teníamos todos al día, y gracias a la actuación del Alcalde por ayudar a ordenar este deporte que es tan bonito,” comentó García Forero.

Este hecho toma mayor valor después de más de dos semanas en las que no se había podido practicar el deporte en este recinto, precisamente por la falta de documentos y certificaciones.  

Fin de la controversia

Este parque había sido el centro de una controversia significativa. La administración del parque había sido adjudicada en condiciones polémicas desde 2017, con contratos irregulares que beneficiaban desproporcionadamente al contratista, en este caso, la empresa Invernota S.A.S.

 Esta situación generó un vacío en la supervisión y el control por parte del Banco Inmobiliario de Floridablanca, lo que afectó la calidad de las instalaciones y la seguridad de los usuarios.

Las denuncias presentadas llevaron a la intervención de la Contraloría de Santander, que identificó múltiples irregularidades en los contratos, incluyendo la falta de licitación y la ausencia de un canon de arrendamiento. Como resultado de estas investigaciones, un fallo judicial reciente ordenó la restitución inmediata del control del parque al BIF, lo que permitió a las autoridades locales retomar la gestión directa del espacio.

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